El Pleno del Congreso tiene previsto convalidar este jueves la prórroga a la moratoria que impide los desahucios en los casos de personas más vulnerables, que extiende la prohibición para ejecutar lanzamientos hipotecarios en estos casos hasta 2020 y aumenta los supuestos para su aplicación.
El Gobierno, que aprobó el decreto ley en el Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo, tiene garantizada la convalidación de la norma al contar con el apoyo del PSOE, con el que pactó previamente las nuevas condiciones incluidas, y de Ciudadanos. Podrán acogerse a esta moratoria –la tercera que aprueba el Ejecutivo desde 2013– las familias con hijos menores de edad (no solamente con menores de tres años a su cargo como hasta ahora) o monoparentales con hijos a cargo (eliminando el mínimo de dos hijos que regía hasta ahora), en situación de desempleo (sin haber agotado la prestación), discapacidad, dependencia, enfermedad grave o violencia de género. Asimismo, el decreto ley incluye un plan de medidas dirigidas a que las personas beneficiadas por la moratoria puedan recuperar su vivienda, ya que establece un plan de alquiler social cuyas cuotas serán deducibles en el futuro precio de recompra. Asimismo, se tendrá en cuenta las mejoras realizadas durante el período en el que estuvo suspendido el lanzamiento. Para aquellas personas que hayan sido desahuciadas y que se encuentren «en el umbral de exclusión», el acuerdo contempla que puedan solicitar y obtener el alquiler de la misma por una renta anual máxima del 3% de su valor. El alquiler social tendrá una duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta completar cinco años, y con la posibilidad de ampliarse de forma anual otros cinco años más, por mutuo acuerdo entre las dos partes. PODEMOS CREE QUE ES «MAQUILLAJE» Y PEDIRA PODER ENMENDARLAFrente al apoyo que encontrará el Gobierno en la Cámara Baja este jueves, Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha anunciado que se abstendrá ante esta nueva moratoria por considerarla «maquillaje». La propia portavoz de la coalición, Irene Montero, critica que, pese a ella, España «sigue en la ilegalidad internacional» al respecto de la normativa antidesahucios.
Por este motivo, Montero reclama que el decreto se tramitara como proyecto de ley para «incluir nuevas mejoras que permitan garantizar el derecho internacional». Desde 2008, señala la portavoz, se han producido más de 600.000 procesos de ejecución hipotecaria y el pasado año 2016, se ejecutaron 166 desahucios al día. La ‘número dos’ de la coalición parlamentaria de izquierdas recuerda que el pasado mes de febrero el Pleno del Congreso aprobó varios puntos de una moción propuesta por Unidos Podemos sobre desahucios, y uno de ellos era el cumplimiento de esta observación de Naciones Unidas, que impide el desalojo sin alternativa habitacional. EL PP Y EL PSOE SE CONGRATULAN DEL ACUERDOLejos de las críticas de Montero, los portavoces del PP y el PSOE en el Congreso, Rafael Hernando y Antonio Hernando, respectivamente, celebran la norma aprobada por el Ejecutivo y que el Congreso convalidará este jueves.
El portavoz ‘popular’ califica de «muy positivo» el decreto pues «no solo amplía» la moratoria, «sino que mejora» las condiciones para acogerse a esta cláusula antidesahucios. Rafael Hernando cree que la nueva norma «es un avance». «Se trata de salir de la crisis y recuperar a los que han quedado más afectados por la misma», asegura. Su homólogo en el PSOE, Antonio Hernando, recuerda que su grupo ya preguntó al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, sobre la prórroga de la moratoria, que expiraba este próximo mes de mayo, y la exigencia de prorrogar no solo dos años más, como proponía inicialmente el PP, sino hasta un tercero como finalmente se ha aprobado. Asimismo, cree que la posibilidad que introduce esta nueva prórroga para la recuperación de la vivienda, deduciendo del futuro precio las cuotas de alquiler social ya abonadas es «una forma interesante para esas familias que no hayan podido hacer frente a las hipotecas».
