El establecimiento de condiciones previas que deben cumplir los Estados miembros para recibir fondos europeos es un «poderoso incentivo» para adoptar reformas que «de otra forma habrían sido retrasadas o no necesariamente implementadas», según concluye un informe publicado este viernes por la Comisión Europea.
La introducción de condiciones ‘ex-ante’ fue uno de los elementos «clave» de la reforma de la Política de Cohesión para el periodo 2014-2020 para asegurar un gasto «sólido y efectivo». Estas condiciones cubren sectores como la eficiencia energética, la innovación, los planes digitales y las reformas educativas. Así, Bruselas considera que muchas de estas condiciones resuelven barreras horizontales y sectoriales que dificultan las inversiones en la UE, por lo que ayudan a profundizar en el mercado único y a obtener resultados del plan europeo de inversiones, conocido como ‘plan Juncker’. Por ejemplo, la Comisión Europea ha asegurado que la condición previa relativa a la eficiencia energética dio un empujón «significativo» a países como España, Italia o Portugal, entre otros, para transponer con rapidez las directivas de eficiencia energética y edificios a sus legislaciones nacionales. En opinión de la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, el informe muestra que las condiciones previas han mejorado el marco en el que opera el presupuesto comunitario, al mismo tiempo que ha señalado que el vínculo entre la recepción de fondos y la adopción de reformas estructurales clave «no sólo ha contribuido a garantizar inversiones públicas adecuadas»«También estamos ayudando a mejorar la calidad de vida en toda la UE y establecemos las condiciones propicias para el crecimiento y la creación de empleo, en línea con los objetivos del plan Juncker», ha manifestado.
En general, el documento de Bruselas indica que las condiciones ‘ex-ante’ ayudan a hacer frente a los obstáculos a la inversión, refuerzan los cambios estructurales y la aplicación de las recomendaciones específicas por país, aceleran la incorporación al derecho nacional de la legislación comunitaria, contribuyen a una mejor orientación de los fondos estructurales y de inversión y mejoran la capacidad administrativa y la comunicación entre niveles de gobernanza. No obstante, el informe también subraya que existe «margen de mejora» de cara a la futura Política de Cohesión a partir de 2020 y se pregunta, por ejemplo, si estas condiciones deberían estar más adaptadas a las necesidades concretas de cada Estado miembro y región. Según los datos del Ejecutivo comunitario, en la actualidad los Estados miembros han cumplido con el 86% de las condiciones previas, aunque detalla que los países tienen hasta el verano de este año para informar sobre el cumplimiento de las condiciones pendientes.
