El plazo máximo de contrato del auditor cuenta desde el primer año que la empresa es de interés público

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) considera que la duración máxima del contrato de un auditor por parte de una empresa considerada entidad de interés público comienza a contar en el primer año de encargo del auditor en que la empresa empieza a considerarse entidad de interés público.

Así lo indica la institución en una consulta pública abierta este lunes en la que detalla que esto debe ocurrir así con independencia del momento en el que la definición de este concepto se incorporó a la normativa.

Esta consulta pública pretende arrojar luz sobre una duda advertida por el ICAC en relación con el cómputo del plazo de duración máxima del encargo de auditoría en entidades de interés público tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas.

En concreto, se plantea si el cómputo de dicho plazo debe iniciarse en el primer ejercicio en que el auditor es designado para la realización de la auditoría o desde el momento en que la entidad auditada adquiere la condición de interés público. En opinión del ICAC, debe hacerse de la segunda forma.

No obstante, el Instituto de Cuentas señala que, «en todo caso», la existencia de una relación «prolongada» entre el auditor y la empresa «implica una amenaza a la familiaridad» y que, en el caso de que esta amenaza se califique como significativa, deberán aplicarse medidas de salvaguarda de la independencia.

Entre estas medidas se encuentran la rotación del auditor –que, de hecho, es obligatoria en el caso de entidades de interés público tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Auditoría- o la rotación gradual de los miembros del equipo auditor.

En todo caso, el Instituto considera que una amenaza de familiaridad es significativa en los supuestos en los que la relación contractual dure más de diez años.

Además, el ICAC recuerda que, en caso de dudas en situaciones o circunstancias concretas sobre esta materia, estas deben comunicarse a la institución para que pueda determinar la fecha inicial de contratación en cada caso.

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