El expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, ha defendido que el trabajo que el órgano contrató con el despacho Equipo Económico, fundado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «fue impoluto».
Así lo ha señalado tras la inauguración del Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería (Smopyc), que ha tenido lugar este martes en la Feria de Zaragoza. Teruel, querellado por la Fiscalía por presunta adjudicación irregular en 2012, ha reconocido que, «evidentemente, el contrato se pagó con fondos privados». «Después de consultar a diferentes compañías, se adjudicó a quien creíamos que era quien mejor lo podía hacer porque tenía experiencia, y lo hicieron de forma impoluta», ha explicado. En este sentido, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza ha defendido que el trabajo contratado «fue la base con la que se hizo el borrador de la Ley de Cámaras, la única ley que se hizo en España en la legislatura anterior con el consenso de cuatro grandes partidos» –PP, PSOE, Ciu y PNV–, ha recordado. Además, Teruel ha asegurado que cree «a pies juntillas en la Justicia», pero le «sorprende» haberse enterado de los acontecimientos a través de los medios de comunicación. «Yo no he recibido ninguna notificación de la Fiscalía», ha lamentado. Fuentes fiscales informaron a Europa Press de que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los integrantes de Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro en 2006 –y del que se desvinculó dos años más tarde– por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las Cámaras de Comercio. La querella se ha presentado en los juzgados ordinarios de instrucción de Madrid y está pendiente de turnarse al órgano que debe decidir sobre su admisión o no a trámite. Además de Teruel, entre los querellados estaría un hermano del ministro, Ricardo. Anticorrupción mantenía unas diligencias de investigación abiertas sobre la actividad de esta consultora por un posible delito de vulneración de la Ley de Contratos del Estado relacionado con un contrato que el Consejo Superior de la Cámara de Comercio le habría adjudicado sin pasar por los trámites que marca la Ley. Se trataba de un trabajo por unos 90.000 euros para analizar el impacto de la nueva normativa reguladora de las cámaras de comercio. Ante las noticias aparecidas en su día sobre este asunto, el propio Montoro señaló que cuando en 2008 abandonó el despacho que había fundado dos años antes –Montoro y Asociados, que después pasó a denominarse Equipo Económico–, la consultora no había contratado con ninguna administración.
