La OCU espera que «esta vez» el Gobierno no incumpla los plazos de trasposición de la Directiva de servicios de pago, que deberá hacerse, como tarde, el 13 de enero de 2018, para que no se perjudique a los consumidores.
La organización de consumidores no quiere que se retrase la trasposición de esta Directiva, como ocurrió con otras, como la de crédito hipotecario, por la que la Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o la de resolución alternativa de litigios de consumo. Según ha recordado la organización, la Ley de Servicios de Pago, en caso de robo o pérdida, limita a 150 euros la responsabilidad del titular por el uso fraudulento antes de la comunicación del suceso al banco, un límite que se reducirá a 50 euros a partir de la trasposición de la Directiva. Por otra parte, OCU ha recordado que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que, en los casos de pagos a distancia con tarjeta, cuando el importe de una compra o de un servicio se hubiese cargado fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular puede exigir la anulación del cargo.
