La defensa del exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez y de otros cinco altos cargos del supervisor ha respondido a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el caso Bankia que su actuación en lo relativo a la supervisión de la entidad en su salida a Bolsa se ajustó en todo momento a la Ley de forma «precisa y puntual».
El escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, se opone al recurso de apelación presentado por la CIC contra el auto del magistrado instructor Fernando Andreu en el que acordaba el procesamiento de 34 personas por presuntas irregularidades en el debut bursátil de Bankia. En el mismo sobreseyó la causa de Fernández Ordóñez y de los también directivos Javier Aríztegui, Pedro González, Pedro Comín, Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello. El abogado Bernardo del Rosal alega que la acusación atribuye al Banco de España un poder «omnímodo» dentro de la entidad y trata de hacer «piruetas jurídicas» para sostener la participación de los directivos «hasta el punto de equipararles a los propios gestores», pese a que el supervisor no formula las cuentas ni recibe la información que dispone un gestor. El escrito apunta que durante la etapa comprendida entre 2010 y 2011 –año en el que hubo una segunda recesión que «no se había previsto», recuerda– el Banco de España «distó mucho» de ser un organismo «opaco», ya que hubo «un mayor nivel de información al mercado, por parte de las entidades». Eso sí, indica que los datos que se ofrecieron, se dieron a conocer «dentro de lo que permitía la legislación y las funciones propias» del BdE. Al respecto aclara que la supervisión del Banco de España se limita al control de la solvencia de las entidades y que ni en los informes de seguimiento emitidos por el equipo inspector con motivo de la salida a Bolsa ni en los correos del inspector del BdE José Antonio Casaus «se encuentra ni una sola referencia a la supuesta falsedad de las cuentas». CONTRA LOS CORREOS DE CASAUSEl escrito se refiere a cuatro correos de los meses de abril y mayo de 2011 en los que Casaus –que declaró en calidad de testigo durante la instrucción de la causa– habría mostrado sus reticencias a esta operación y advertido de que el grupo no era viable. A juicio de esta defensa esta prueba se ha convertido en una «luz deslumbrante y cegadora» que impide a la CIC «ver ninguna otra cosa a su alrededor».
Es más, asegura que la acusación pretende dar un sentido a estas comunicaciones para que se conviertan en «prueba definitiva» de la responsabilidad penal de Fernández Ordóñez y el resto de inspectores, cuando en realidad no es sino una «construcción artificial fruto de una manipulación del sentido de su contenido». Denuncia que la CIC pretende que la Sala ignore las diligencias que se han ido practicando durante la fase de instrucción de la causa en la que Andreu investiga si se falsearon o no las cuentas de la entidad. En concreto se refiere a las declaraciones de los arriba citados y de Julio Segura y Fernando Restoy en calidad de expresidente y exvicepresidente, respectivamente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En relación a los informes remitidos a la causa por los peritos judiciales del Banco de España (BdE) Antonio Busquets y Jesús Sánchez en los que se advirtió reiteradamente de que los estados financieros de BFA y de Bankia desde su constitución no cumplían con la normativa aplicable ni reflejaban la imagen fiel de las entidades, el escrito denuncia que los expertos se «extralimitan en su función» perdiendo «ecuanimidad e imparcialidad». LOS PERITOS SE EXTRALIMITARONFinalmente hace mención a las diversas resoluciones emitidas por el magistrado instructor en las que explica su convicción de por qué no se debe imputar a los miembros del BdE a los que ha sobreseído la causa y todo ello tras atender la orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que en un auto ordenó a Andreu la imputación de la cúpula del bdE y de la CNMV ante la existencia de «indicios múltiples de criminalidad».
Para la defensa de los inspectores del organismo supervisor y del exgobernador, la «versión de los hechos» que relata la CIC en su recurso «atenta contra la lógica más elemental». En este sentido ironiza que habría hecho falta que «todos los componentes de una institución pública, desde la parte decisoria hasta funcionarios con muchos años de servicio, sin ningún motivo o propósito definido, se confabulara con todo el consejo de administración de BFA-Bankia, para participar en un inmenso complot fraudulento».
