La Secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, ha apostado por una red cada vez mayor de acuerdos de protección de las inversiones en Oriente Medio durante un coloquio celebrado en la sede madrileña de Herbert Smith Freehills, según ha informado el bufete en una nota de prensa.
Durante el coloquio ‘La protección jurídica de las inversiones en Oriente Medio’, Poncela ha asegurado que este tipo de acuerdos «ofrecen una garantía adicional de seguridad a las empresas españolas ante cualquier posible contingencia». Tomando como referencia la entrada en vigor del acuerdo entre España y Arabia Saudí para la promoción y protección recíproca de inversiones en diciembre de 2016, Poncela ha hecho hincapié en que este tipo de acuerdos contienen garantías jurídico-económicas para las empresas españolas que se internacionalicen puedan reclamar sus derechos. Según Poncela, la falta de este tipo de acuerdos con un país supone un vacío de actuación que implica «una gran incertidumbre». Por ello, ha asegurado su propósito de impulsar una red de APRIS firmados con todos los países donde actúan las empresas españolas para que tengan garantías en caso de que haya un contencioso. Durante el encuentro, el socio y director de la práctica de Procesal y Arbitraje de Herbert Smith Freehills, Eduardo Soler-Tappa, ha señalado que el acuerdo APRI España-Arabia Saudí ha abierto nuevas puertas para las relaciones comerciales entre España y Oriente Medio. Herbert Smith Freehills asesora desde 2011 al consorcio español adjudicatario del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca en Arabia Saudí, integrado por Renfe, Adif, Talgo, OHL, Copasa, Indra, Dimetronic, Cobra, Inabensa, Imathia, Consultrans e Ineco, a través de un equipo liderado por el socio español Miguel Riaño. El profesor titular de derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos y consultor de derecho internacional en este bufete, Antonio Pastor Palomar, ha enfatizado que los tratados de doble imposición y los regímenes sancionadores confieren «una gran seguridad jurídica al tráfico comercial internacional, incluyendo las fases de ejecución de laudos en los procesos arbitrales». Pastor ha admitido que, dado el marco jurídico vigente entre España y Oriente Medio, «sorprende que la inversión bruta de España hacia aquella zona no sea mayor».
