La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato a quien considera culpable, junto con otros tres altos cargos de la entidad, del delito de fraude por ocultar de forma «consciente» la verdadera situación del banco antes de su debut bursátil y pide archivo de la causa para Banco Financiero de Ahorro (BFA) y Bankia, que estaban siendo investigadas como personas jurídicas.
En su escrito de acusación, el fiscal solicita para el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas cuatro años de cárcel, y para los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons tres años y dos años y siete meses, respectivamente. A su juicio, la excúpula es la culpable en este procedimiento por no reflejar la imagen fiel de la entidad con el fin de obtener «a toda costa» los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital.
Pide asimismo que los cuatro acusados (a quien impone multas de 60.000 euros) indemnicen de forma conjunta y solidaria por partes iguales a los inversores minoristas personados en el procedimiento, a excepción de aquellos que ya han sido resarcidos por la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.
Luzón, que fue el fiscal de la causa de las ‘black’ por las que Rato fue condenado a cuatro años y medio de prisión, apunta en su escrito que el principal acusado era «plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto» y aún así permitió la salida a Bolsa de Bankia en 2011 «a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo información incompleta» que ocultaba la «situación crítica» del banco.
Añade que, aprovechando el «prestigio» que le otorgaba su labor al frente del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional, el exbanquero «encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas muy alejadas de la realidad».
EXCULPA A ACEBES, LOPEZ MADRID Y OTROS CONSEJEROS
Respecto al delito de falsedad en las cuentas anuales, el fiscal pide el sobreseimiento para la totalidad de los procesados por el magistrado Fernando Andreu el pasado mes de mayo tras cinco años de instrucción. El fiscal exculpa por tanto en calidad de exconsejeros a Angel Acebes, Javier López Madrid, Arturo Fernández, Ildefonso Sánchez Barcoj, José Antonio Moral Santín Pedro Bedía, Rafael Ferrando, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez Ponga y José María de la Riva, entre otros.
La clave, a juicio del fiscal, es si el Grupo BFA tuvo conocimiento de la información relevante y suficiente para realizar la correcta valoración de los activos a 31 de diciembre de 2010 y no esperar a 31 de diciembre de 2011, año del debut bursátil. Precisamente por la dificultad de indeterminar qué aspectos eran los más destacados considera que es difícil apreciar la falsedad en las cuentas.
Luzón discrepa del magistrado Andreu que sí procesó al auditor de las cuentas, y entiende que si no se puede apreciar este delito, decae también «la hipotética responsabilidad» que pudiera tener Francisco Celma (exsocio de Deloitte) en la formulación de los estados financieros anuales. Al respecto dice que las únicas cuentas anuales de Bankia y su matriz en 2011 fueron las formuladas el 25 de mayo de ese año con informe de auditoría y aprobadas por la Junta General del banco.
ELOGIA LA «CULTURA ETICA» DE BANKIA Y BFA
Igualmente, pide el sobreseimiento de Bankia y BFA como personas jurídicas y dice que el comportamiento de las mismas acredita el compromiso de sus dirigentes con una «cultura ética empresarial». Concretamente el fiscal aplaude que la entidad cambiara de gobierno corporativo en 2012, así como su colaboración activa durante la fase de instrucción del caso que llegó a la Audiencia en 2012 al entender que el rescate de la entidad (que recibió un aporte de unos 22.000 millones de euros públicos) afectó a los intereses del Estado.
El fiscal recuerda que Bankia devolvió en febrero del pasado año el importe íntegro de la inversión inicial a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad el 20 de julio de 2011 y que impulsó una investigación de la causa de las tarjetas ‘black’ que dispusieron directivos y exaltos cargos de Caja Madrid y su sucesora entre los años 2003 y 2012 (el delito relativo a los ejercicios anteriores estaba prescrito).
