PwC, la firma encargada de auditar las cuentas de Banco Popular durante los últimos años, afronta con tranquilidad los litigios que podrían surgir a raíz de la resolución y posterior venta de la entidad, aseguraron a Europa Press en fuentes del sector.
La firma, que dispone de un equipo jurídico para hacer frente al proceso, publicó ‘párrafos de énfasis’ en los tres últimos informes de auditoría de Banco Popular, realizados con motivo de la ampliación de capital de mayo de 2016 y las cuentas semestrales y anuales correspondientes al mismo ejercicio, uno de los argumentos que podría utilizar en su defensa. Las fuentes consultadas también subrayan la dificultad de introducir ‘párrafos de énfasis’ en los informes de auditoría, especialmente en los de la banca, por el malestar que genera en las entidades auditadas. En los informes de auditoría de la ampliación de capital y de las cuentas semestrales de 2016, el auditor puso el foco en que Banco Popular podría enfrentarse a «provisiones o deterioros significativos» en el conjunto del ejercicio que generarían un potencial resultado negativo. Por su parte, el ‘párrafo de énfasis’ adjunto a las cuentas anuales de Banco Popular advertía de que la evolución de las ratios de capital durante 2017 estaba «sujeta» al cumplimiento» del plan de negocio de la entidad, que en aquel momento se encontraba en revisión, y subrayaba el cambio aprobado en la presidencia del banco. Consultadas por Europa Press, fuentes oficiales de PwC confirmaron que la firma se encuentra con «confianza» ante un eventual proceso legal, puesto que consideran que el trabajo de auditoría se realizó adecuadamente. «Los administradores (de Banco Popular) han formulado las cuentas anuales adjuntas considerando que el grupo, en base a las previsiones actuales de negocio y a medidas específicas de capital, cuenta con los mecanismos de generación de capital durante el ejercicio 2017 y que la evolución de los ratios de capital está, por tanto, sujeta al cumplimiento de su plan de negocio, actualmente en revisión», reza el ‘párrafo de énfasis’ correspondiente a las cuentas anuales de 2016. En la auditoría de diciembre se registraron mayores saneamientos tras la entrada en vigor ese año de las nuevas normas contables del Banco de España sobre provisiones de activos adjudicados. Tras la marcha de Angel Ron, los nuevos gestores «ralentizaron» el proceso de desinverisones en marcha, explicaron en fuentes del sector, de ahí que PwC detectara que Popular no cumpliría en 2018 con los requerimientos de capital ‘phase in’ exigidos por los reguladores, tal y como advirtieron que podría pasar en su informe de auditoría. Ante las críticas vertidas contra la firma por no prevenir la pérdida de valor de Banco Popular, fuentes del sector alegan que el valor de determinados activos cuando una entidad está en funcionamiento difiere significativamente de cuando está en proceso de resolución. REEXPRESION DE LAS CUENTAS ANUALESPor otra parte, de los tres errores en las cuentas de 2016 detectados tras la auditoría interna efectuada por Emilio Saracho a su llegada a Popular, tan solo la obligación de deducir del capital regulatorio del banco los créditos concedidos para la adquisición de acciones en la ampliación de capital de mayo de 2016 tuvo un efecto sobre las ratios de capital de la entidad.
En cualquier caso, Popular hubiese cumplido los requisitos mínimos de capital a 31 de diciembre de 2016 aunque estos créditos hubiesen alcanzado los 600 millones de euros –el importe máximo estimado inicialmente– en vez de los 145 millones que se tuvieron que deducir finalmente. «En el supuesto de que hubiesen alcanzado los 600 millones de euros, Popular contaba con un colchón de entre 200 y 300 millones de euros para cumplir con los requisitos de capital», explicaron a Europa Press las fuentes consultadas, que recalcaron que las ratios de capital son un aspecto que está exento de ser auditado, según la normativa vigente. En relación con el resto de errores contables detectados tras la auditoría interna, recordaron que los auditores trabajan conforme a muestras e insistieron en que las provisiones adicionales efectuadas no obligaban a reformular las cuentas de la entidad por tener un impacto leve. Reformular las cuentas hubiese obligado a aplazar la junta de accionistas de Banco Popular en un contexto de incertidumbre, apuntaron las fuentes. ENTREGA INFORMACION AL ICACLa reexpresión de las cuentas anuales de Popular llevó al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a solicitar a PwC información sobre el proceso, aunque desde las mismas fuentes esgrimen que es un «procedimiento habitual» y que la petición se realizó tras la junta de accionistas celebrada el pasado 10 de abril, antes de la resolución de Banco Popular.
En este sentido, las fuentes consultadas por Europa Press aseguraron que PwC ya ha entregado toda la documentación solicitada y que, por el momento, el organismo, dependiente del Ministerio de Economía, no le ha requerido más información. No obstante, sí puntualizaron que este tipo de procedimientos son lentos y pueden extenderse en el tiempo. Entre las posibles batallas legales a las que se podría enfrentar la firma de auditoría, está la querella que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha interpuesto ante la Audiencia Nacional contra el expresidente de Popular Angel Ron, el exvicepresidente de la entidad, Pedro Higuera, el exconsejero delegado Pedro Larena y PwC, además del socio firmante de las cuentas, Pedro Barrio Luis, por falsedad contable y estafa.