El empleo sigue siendo la asignatura pendiente de la economía española. El país sigue poseyendo elevadas tasas de desempleo que distan mucho de los homólogos europeos. Las nuevas medidas del Gobierno abogan más por una destrucción que por una recuperación.
Por la razón de ser sábado, hoy, también, vamos a ser más simples y concisos en el análisis. En el día de ayer, todos los diarios anunciaban las conclusiones que arrojaba la última reunión de la ejecutiva gubernamental. La última reunión del año concluía con la ansiada revalorización de las pensiones, así como con la, ya anunciada, penalización a los contratos de duraciones definidas.
No hay que hacer un extenso estudio para cuestionar la decisión de la ejecutiva socialista en materia de pensiones. Pues como se ha indicado en muchos estudios previos, reducir la deuda y, con ello, el déficit, en función de los parámetros que marca Bruselas, es un verdadero reto en un contexto donde las pensiones se revaloricen, indexándolas al Índice de Precios (IPC).
Sin embargo, la segunda gran decisión del Gobierno de España si que empieza a preocupar a la economía, pues en el escenario que vivimos actualmente, donde la economía de desacelera, a la vez que el Banco Central Europeo comienza con la, esperada, retirada de estímulos hacia las economías europeas, penalizar a la cuarta parte de los contratos que se crean en el país es una decisión muy arriesgada.
Y es que, aunque sea triste, España posee casi una cuarta parte de su población activa en régimen de contratación temporal. Es decir, más del 25% de la población activa del país posee un contrato temporal. Si, encima, observamos la situación en los jóvenes españoles, donde España está a la cola de Europa en materia de empleo juvenil, casi el 50% de los que trabajan, lo hacen con contratos de duración definida.
Además, en España, gran parte del empleo creado, se hace a través de contratos temporales; lo que una decisión de esta envergadura puede poner en grave peligro la creación de empleo, si no va a acompañada -que no lo va- de otra serie de medidas que incentiven la contratación indefinida. Y es que, para Sánchez, solo se ha de tener en cuenta la penalización del contrato temporal, dejando de lado las repercusiones que esto traerá.
Aún es pronto para analizar los efectos de estas nuevas medidas en la economía. Especialmente en el empleo, una asignatura pendiente de casi todos los gobiernos que han pasado por el Congreso. Sin embargo, observando los datos de empleo, el sistema laboral que posee el país y la cantidad de nuevos empleados que genera la contratación temporal, si podemos darnos cuenta de que penalizar esta contratación es un gran riesgo.
Y es que, como hemos comentado, es triste que solamente el 8% de estos contratos temporales se conviertan en indefinidos, pues son cifras que distan mucho de la media Europea. Sin embargo, tampoco se ha pensando en incentivar esta conversión, pues para el Presidente, penalizar la contratación, en lugar de incentivar la conversión es más efectivo y eficaz.
Ahora, todo dependerá del coste de oportunidad del empresario. No se conocen las sanciones en materia de contratación temporal, así como esa serie de penalizaciones. Tampoco conocemos la forma en la que, desde el Ministerio, se llevará a cabo la reforma. No obstante, el empresario es, finalmente, el encargado de contratar, por lo que, en función de estas sanciones, veremos lo que ocurre con el empleo y, sobre todo, con la creación de este.
En conclusión, volvemos a ver nuevas medidas en materia económica que no terminan de corresponder con el contexto macroeconómico que vive el país. Las medidas por las que opta la ejecutiva socialista van completamente descorrelacionadas de la situación que vive el país y, ante la inminente desaceleración, se ha llevado a cabo una serie de políticas que nos acercan más hacia una destrucción de empleo, que, por el contrario, una recuperación del
