José María García, imputado por sustraer atestados de tráfico en Marbella


(PD).- José María García aseguró en declaraciones a Europa Press que «no tiene absolutamente nada que ver» en la supuesta sustracción de atestados de tráfico en la Policía Local de Marbella (Málaga), en la que se le imputó el pasado fin de semana.

Eso sí el periodista ha confirmado que uno de los informes supuestamente sustraídos corresponde a una infracción de tráfico de su sobrino. Dice que ese atestado quedó «sustanciado en su momento» pero que ahora «parece ser que no siguió su curso normal».

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella ha librado un exhorto para que García preste declaración en una sede judicial de Madrid, con objeto de que el periodista no tenga que desplazarse hasta el municipio malagueño.

En este caso se investiga la desaparición de tres diligencias completas que supuestamente se retrajeron de la acción judicial por parte del inspector Francisco Javier Martín, responsable directo del área de atestados, en marzo de 2006, el mismo día en el que se registró la Jefatura de la Policía Local de Marbella por el «Caso Malaya» contra la corrupción.

La imputación de José María García estaría relacionada con el hecho de que uno de los atestados supuestamente sustraídos se corresponde con una presunta infracción de tráfico por parte de un sobrino del periodista, según las mismas fuentes.

En el procedimiento se encuentran también encausados y ya han declarado ante el juez la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y el ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo, imputado por una presunta omisión del deber de perseguir delitos.

El inicio de la causa judicial tiene su origen en una comparecencia en los juzgados de un agente de la Policía Local de Marbella al que Martín habría supuestamente entregado una documentación en un sobre cerrado el día del registro de la Jefatura por el «Caso Malaya», según han apuntado a Efe fuentes cercanas al procedimiento.

Dicha comparecencia se produjo después de que el agente, en el momento en que tuvo constancia del contenido del sobre, lo pusiera en conocimiento de sus superiores, que comprobaron que las diligencias contenidas en el mismo no estaban tramitadas, por lo que dieron cuenta a la autoridad judicial ante la posible gravedad de los hechos.

Las indagaciones sobre los atestados de tráfico permitieron descubrir que «uno de ellos había prescrito», mientras que otro «tenía un señalamiento para juicio rápido que nunca llegó a celebrarse porque se alteró la instrucción para evitarlo», han afirmado las citadas fuentes.

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