(PD).- Quinientos euros por parte del Estado. Otros 1.000 euros de los fabricantes. Y 500 más de las comunidades autónomas. Éstas son las ayudas al cambio de automóviles que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció durante el debate del estado de la nación la semana pasada.
Iban a aplicarse desde junio, pero el Ejecutivo dio otro golpe de efecto el pasado jueves anunciando que entraban ayer en vigor. Sin embargo, el Gobierno no ha aprobado ninguna norma que dé cobertura legal a las ayudas y por eso los concesionarios se resistían ayer a aplicarlas. A eso se añaden las diferentes posturas de las comunidades y las dudas sobre si los descuentos de los fabricantes son nuevos o suponen sólo rebautizar los ya existentes.
La única de las ayudas que parece inamovible son los 500 euros del Gobierno. Sin embargo, aunque el Ejecutivo ha anunciado la medida, todavía no existe un decreto ley que la avale -está previsto para este viernes-. Los concesionarios despertaron ayer por la mañana sin saber cómo aplicar esa ayuda, más aún teniendo en cuenta que Industria ha ido cambiando algunos de los criterios sobre la marcha.
A primera hora de la mañana, Brian Ángel, comercial en un concesionario Citroën de Madrid, sólo conocía el plan del Ejecutivo por las noticias. «Yo no voy a ofrecer esta ayuda a mis clientes hasta que la vea en el BOE», añadía su compañero Agustín.
La situación era la misma en otros concesionarios visitados por EL PAÍS en diferentes provincias y el sector reconocía cierto «desbarajuste» por la falta de una norma, en palabras de Blas Vives, presidente de la patronal Faconauto, quien, no obstante, prefiere que se haya adelantado la entrada en vigor de la medida para evitar un parón de las ventas. Los concesionarios deberán además anticipar los 500 euros, que serán devueltos mensualmente. El panorama se complica aún más al tener en cuenta las ayudas autonómicas, en las que la adhesión al nuevo plan ha sido muy dispar.
Algunas, como Madrid y, al menos de momento, Cataluña, han rechazado las ayudas o incluso se han molestado porque el Gobierno no les haya consultado siquiera antes del anuncio. Las que lo han puesto en marcha en las mismas condiciones que las anunciadas por el Gobierno, o las que tienen previsto hacerlo en breve, como el País Vasco o Murcia, no tienen ninguna norma que lo regule. Extremadura, por ejemplo, considera que no hace falta.
Eso sí, todas las autonomías que tienen planes de incentivo a la compra de automóviles exigen el certificado de empadronamiento en la comunidad, para evitar competencia y que los ciudadanos o las empresas se desplacen para comprar un vehículo. En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Producción de Seat, Wolfram Thomas, pidió ayer que las comunidades autónomas se sumen al plan de ayudas directas a la compra de vehículos, de modo que se unifique la cifra que percibirán los compradores en España.
Por su parte, con respecto a los 1.000 que, según el plan del Gobierno, deben poner los fabricantes, fuentes del sector señalan que la mayoría de las marcas de automóvil ya aplican descuentos muy superiores en sus modelos.
Aunque la patronal de fabricantes, Anfac, asegura que se añadirán los 1.000 euros a los descuentos ya asumidos, los concesionarios consultados lo ponen en duda. Las rebajas actuales han agotado prácticamente el margen de beneficio. La medida se aplicará, pero se reducirán las rebajas que hay actualmente, explica un empleado de un concesionario de Citroën: «El precio terminará siendo el mismo».
Víctor Velasco, comercial de Chevrolet en Sevilla, es de la misma opinión: «El fabricante lleva ya tiempo aplicando descuentos mucho mayores, de entre 2.000 y 5.000 euros».
Varios concesionarios de Barcelona se mantenían ayer a la espera de recibir la doctrina de sus marcas respecto al nuevo plan de ayudas, informa Amanda Mars. Dani Murlanch, que atiende en un concesionario de Fiat, esperaba ayer el correo electrónico de la marca que le dijera cómo actuar en adelante, aunque avanzaba que «aquí ya hay campañas muy altas y en algunos modelos el margen de beneficio es de sólo 1.000 euros, así que no podrá ser igual en todos los casos, habrá que revisarlo todo».
La dispar decisión de las comunidades autónomas
– Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Extremadura se sumaron ayer al Plan 2000E en las mismas condiciones que las anunciadas por el Gobierno, es decir, aportan 500 euros por la compra de un vehículo en las mismas condiciones que fije Industria. Lo hicieron sin tener redactada ninguna norma específica, aunque algunas sostienen que no hace falta. Todas salvo Andalucía exigen certificado de empadronamiento para evitar la competencia territorial. País Vasco tiene previsto anunciar hoy que se suma y Asturias, Murcia y Castilla-La Mancha lo harán en breve.
– Navarra, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia tienen sus propios planes. En la primera, el Gobierno foral está dispuesto a aportar 700 euros por vehículo. Las aportaciones de la Xunta de Galicia serán de 500 euros para vehículos de menos de 10.000 euros, 1.000 euros para los de 10.000 a 27.000 euros y 1.500 euros para los vehículos industriales ligeros. En Valencia son de 500 euros para los coches usados y 1.000 para los nuevos.
Madrid, que se desmarca del plan, mantiene la bonificación del 20% del impuesto de matriculación, lo que favorece a los vehículos más caros y contaminantes.
– Cataluña, Baleares y Canarias están estudiando si se suman o no: arguyen que no tienen dinero. Y La Rioja baraja proponer a los concesionarios redoblar la oferta de 1.500 euros (500 el Gobierno regional y 1.000 más las marcas).
