Madrid probará este año radares para medir la contaminación real que desprenden los vehículos en circulación, monitorizar la evolución de los niveles de emisiones empíricas y cuantificar el ahorro de volúmenes de exhalación.
Esta innovadora iniciativa, que paralelamente testará el Ayuntamiento de Graz (Austria), forma parte del proyecto ‘Life GySTRA’ desarrollado por el centro tecnológico vallisoletano Cartif junto a la Dirección General de Tráfico (DGT), la empresa OPUS-RSE, el Ciemat.
Para llevarlo a cabo, se emplearán dos nuevos dispositivos RSD+ de teledetección a través de los que se monitorizarán 700.000 vehículos al año en la capital «de manera no intrusiva y con alta precisión», gracias al uso de rayos infrarrojos y ultravioletas de baja intensidad.
Los artilugios utilizados están adaptados a los requisitos de la Unión Europea (UE) mediante la inclusión del dióxido de nitrógeno (NO2), además de medir los niveles de monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de carbono (CO2) y las partículas en suspensión (PM).
Asimismo, las instituciones recuerdan que es la primera vez a nivel mundial que se va a aplicar este tipo de política para identificar los automóviles más nocivos para el medio ambiente. El modelo piloto austriaco, por su parte, se medirá en una flota controlada de 150 autobuses.
El procedimiento a seguir, al menos en un principio, es sencillo: aquellos vehículos reconocidos como ‘emisores altos’ recibirán una notificación para que reparen el vehículo. Si vuelve a ser identificado como ‘emisor alto’, el propietario será apercibido.
Con la reparación de este tipo de vehículos se espera una reducción de emisiones del 14,8% (CO), 2.8% (HC) y 22,7% (NOx, NO, NO2) del volumen total de emisiones. Incluso si sólo se repara la mitad de estos vehículos, sería posible reducir las emisiones de CO2 hasta 16 millones de toneladas al año.
Pero la puesta en marcha de una nueva política de movilidad sostenible, además de controlar y cuantificar las emisiones reales del tráfico rodado, prevé crear un sistema global de emisiones para dos tipos de usuarios; un modelo dirigido a entidades públicas con poder legislativo para reducir hasta un 20% las emisiones de tráfico a través de la identificación de emisores altos, notificación y reparación; y un modelo de flota, dirigido a flotas privadas o controladas para reducir hasta el 20% de sus emisiones y entre el 3 y el 5% del consumo de combustible.
El objetivo final de esta medida es publicar los resultados recabados con el objetivo de poder replicar el modelo en el resto de países miembros de la Unión Europea y en otros continentes.
