La noticia ha supuesto un terremoto en la cotización de las acciones de Mitsubishi, que se ha desplomado un 15% en bolsa, registrando su mayor caída intradía desde julio de 2014. La compañía, que comercializó más de un millón de vehículos en todo el mundo durante el pasado ejercicio, ha comunicado que paraliza la fabricación y venta de los modelos afectados por los test falsos, que afectan también a modelos de Nissan.
Mitsubishi ha puesto en marcha un equipo independiente que se encargará de investigar lo sucedido, así lo indicaron directivos de la compañía en el marco de una rueda de prensa en Tokio. El presidente de la multinacional automovilística, Tetsuro Aikawa, que se inclinó de forma ostensible en el inicio de la rueda de prensa, indicó que esta conducta ha sido comunicada al Ministerio de Transporte de Japón. Aunque en principio, estos modelos se comercializan exclusivamente en el mercado nipón, con motivo de la gravedad de los hechos, la empresa ha decidido poner en marcha una ronda de consultas en sus mercados fuera de Japón en relación con sus vehículos.
Estos test erróneos de los consumos afectan a 157.000 vehículos de la marca Mitsubishi, así como a 468.000 unidades fabricadas por Nissan. El problema fue detectado después de que Nissan encontrara inconsistencias en los datos de emisiones de sus modelos, tras lo cual Mitsubishi puso en marcha una investigación interna que detectó que las cifras habían sido falseadas.
Mitsibishi debe por tanto tomar buena nota del reciente pacto alcanzado por Volkswagen con el gobierno americano. La firma automovilística alemana ha cerrado un acuerdo con las autoridades para resolver el cálculo incorrecto de emisiones de dióxido de carbono (CO2), conocido como ‘dieselgate’, con el pago de 5.000 dólares (4.426 euros) a cada uno de los usuarios afectados en Estados Unidos, una información del periódico alemán ‘Die Welt’.
El acuerdo se presentará en los juzgados de San Francisco mañana con el objetivo de evitar el juicio en el caso. Sin embargo, el acuerdo no detallará un plan para reparar la emisiones incorrectas de dióxido de carbono de los cerca de 600.000 vehículos diésel afectados en el país norteamericano y que actualmente vulneran la legislación medioambiental del país.
