Carmena parece empeñada en cabrear y freír a impustos y multas a los madrileños. Sus prioridades no se ajustan a los problemas reales de Madrid, ya que mientras el invierno se acerca y muchos viven en cartones en las calles, ella gasta millones en poner cámaras para reacudar. Madrid Central tendrá 116 cámaras instaladas en sus accesos para sancionar aquellos conductores que se cuelen en el área restringida sin poder hacerlo. 63 de estos dispositivos se reutilizarán de los que hay actualmente colocados en otras áreas de prioridad residencial, pero se necesitan 53 nuevos. Por ello, los madrileños deberán pagar hasta 2025 un extra anual de 1.182.373,50 euros; o lo que es lo mismo, una suma de 8.474.216,63 euros durante los próximos siete años, según recoge Tatiana G. Rivas en ABC.
El pasado 19 de julio, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, firmó el expediente a través del cual se modificaba el contrato integral de movilidad (lote III) entre el Consistorio y Valoriza Servicios Medioambientales S.A. para incorporar los nuevos controles. 18 de las nuevas cámaras se ubicarán en el barrio de Justicia; 24 en el barrio de Universidad, y 11 en el resto de la ciudad. Este cambio contractual supone un incremento del 4,25% sobre el precio de adjudicación.
Los 8,4 millones de euros se sumarán al desembolso que también tendrá que realizar la capital para instalar las pantallas informativas de acceso a los aparcamientos públicos: 1.625.005,12 euros. Superan, por ahora, los 10 millones de euros. Pero el presupuesto para Madrid Central, oculto por parte del Gobierno de la transparencia, sigue engordando.
El 16 de octubre también se adjudicó un acuerdo marco de servicios de mediación, inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional para la campaña Madrid Central. Iris Media Agencia de Medios S. L. fue la única empresa que se presentó para llevar a cabo esta misión por 434.000 euros.
El grupo municipal popular, que encabeza José Luis Martínez-Almeida, interpuso a finales de octubre un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)contra la ordenanza de Movilidad por la que se regula Madrid Central. Solicitaban la suspensión del acuerdo plenario del pasado 5 de octubre, por el que se daba luz verde a dicha normativa y, mientras tanto, la exigía a la Justicia la adopción de medidas cautelares para su paralización. Su escrito se centraba fundamentalmente en que el equipo municipal no había abordado correctamente su puesta en funcionamiento ni había realizado una memoria económica, tal y como establece la ley, para un plan que supone «un importante esfuerzo económico» para el Ayuntamiento.
Desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Inés Sabanés dicen que sí existe dicha memoria, aunque no se sabe nada de ella ni se ha hecho pública. El único informe que se ha colgado en la página web del Ayuntamiento no hace ninguna alusión a los euros que se necesitarán invertir.
El TSJM se pronunciará esta semana sobre las medidas a adoptar respecto a la puesta en marcha de Madrid Central. El consejero de Presidencia y Portavoz de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán (PP), se reunió ayer con representantes de la Plataforma de Afectados por Madrid Central, formada por más de sesenta asociaciones. Cuentan con el apoyo del secretario general del PSOE de la Comunidad, José Manuel Franco.
Al término de la cita, comunicó que desde Sol se están estudiando emprender nuevas medidas judiciales contra Madrid Central. El responsable regional detalló que desde su gobierno analiza si el equipo de Manuela Carmena ha realizado correctamente los trámites administrativos. «Reiteramos la inmediata paralización del proyecto Madrid Central por la improvisación y por los chapuceros que están siendo», manifestó.
El consejero recriminó que el Ayuntamiento sólo le ha entregado «diez folios, en letras grandes» sobre el nuevo área restringida. Esperaban informes de calidad del aire, del empleo, del impacto, en los medios de transporte para conocer su alcance. «Pero todo eso lo han omitido y es patético que para algo tan importante como la calidad del aire que respiramos tenga tan poco rigor», sentenció.
