Se desconoce la repercusión real que alcanzará la oleada de movilizaciones independentistas y de disturbios organizados por los CDR del xenófobo Torrá previstas contra el Consejo de Ministros del viernes 21 de diciembre de 2018. Lo que sí se sabe es que bastarán para ahogar la movilidad de Barcelona.
Fuentes policiales explican que el dispositivo de protección de la Llotja de Mar, sede de la reunión del Gobierno Sánchez, cortará el paseo de Colón y también puede causar alguna alteración del tráfico de la Ronda Litoral.
Pero las afectaciones más severas a los accesos de la capital catalana las provocarán los cortes de los CDR, que podrían escoger algunos puntos clave como las conexiones con puerto y aeropuerto o tan céntricos como Diagonal con el Passeig de Gràcia.
La receta de la congestión se completa con ingredientes como la posible huelga de Renfe o la llamada a manifestantes a taponar las entradas y salidas de Barcelona con su coche. En suma, un caos circulatorio el viernes que estrena la Navidad.
Doble corona
El dispositivo central blindará la Llotja de Mar a partir de una doble corona. El círculo interior, y más cercano al edificio, estará integrado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
El exterior, por efectivos de los Mossos d’Esquadra. Entre ambos, un trenzado de vallas de seguridad en forma triangular. Habrá también policías en los tejados y un nutrido grupo de agentes de paisano por los alrededores. Es decir, el contacto directo con los manifestantes lo asumirán los policías catalanes.
En la Llotja, según el plan previsto, solo intervendrán los antidisturbios españoles si un grupo superara el cordón de los Mossos.
El resto de puntos de interés policial serán la Jefatura de la Via Laietana y la delegación del gobierno en la calle Mallorca, ambos custodiados por policías españoles. El Palau de la Generalitat y el Parlament contarán con la protección de los Mossos.
El traslado de los ministros desde el aeropuerto, o desde el hotel en el caso de Pedro Sánchez y los ministros que viajarán un día antes, estará protegido por una comitiva integrada por las tres fuerzas de seguridad, liderada por motoristas de los Mossos.
Cuatro reuniones
En la delegación del gobierno se han llevado a cabo cuatro reuniones oficiales entre los mandos policiales de los respectivos cuerpos. Se celebrará, como mínimo, una más este jueves.
El viernes todos los responsables del dispositivo liderarán desde el CECAT de la ‘conselleria’ de Interior. Según lo acordado, serán agentes de los Mossos, de seguridad ciudana y los antidisturbios Arro y de la Brigada Móvil, quienes tratarán de resolver las protestas independentistas y de deshacer los cortes en carreteras y autopistas.
Algo que harán «tratando de conciliar el derecho a la manifestación pero también minimizando las afectaciones para el resto de ciudadanos», más aún tras la presión recibida desde la fiscalía del Estado.
Los 750 efectivos de CNP y los 200 de la GC desplazados a Catalunya, la mayoría especializados en orden público, de las unidades GRS y UIP, solo entrarán en acción si lo decide la sala conjunta del CECAT. Aunque ese también era el plan previsto para el referéndum del 1-O y entonces no se cumplió.
Cuatro años de cárcel
Los Mossos advierten a los manifestantes que quieran protestar contra el Consejo de Ministros que tengan en cuenta que, en función de lo lejos que lleven sus acciones, el Código Penal considera que «invadir violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros» supone incurrir en una pena de prisión «de dos a cuatro años».
