El 9 de junio la Eurocámara anunció que queda visto para sentencia la prohibición de la venta de coches gasolina y diésel a partir de 2035.
Tras una intensa votación en el Parlamento Europeo, en la que 339 parlamentarios votaron a favor, 249 en contra y 24 se abstuvieron, el organismo puso en marcha su plan Fit for 55 que contempla la neutralidad climática en 2050 y la reducción de un 55% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, teniendo como referencia las cifras de 1990. Con estas medidas buscan la completa descarbonización del transporte.
Este mandado ya estaba vigente en España con la fecha límite de 2040 para dejar de vender automóviles y vehículos comerciales de combustión. Con estas medidas aprobadas por Europa se acorta el tiempo en el que los ciudadanos pueden deshacerse de sus coches y adquirir unos nuevos acordes a las medidas impuestas.
Coche
¿Afecta al consumidor de forma inmediata?
La verdad es que para el ciudadano español residente en Madrid y Barcelona, es más importante centrarse en las normativas sobre las Zonas de Bajas Emisiones, a partir de 2023 comenzarán a aplicarse en todos los municipios de más de 50.000 habitantes.
Igualmente esta normativa preocupa a todos aquellos que tienen un vehículo de diésel o gasolina, la gran mayoría de los ciudadanos. Según datos de 2020 aportados por la UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, ese año en España había 24 millones de coches, de los cuales 14,9 millones eran de diésel, 9 millones de gasolina y 674 mil englobados en otras categorías como híbridos, también prohibidos a partir de 2035. Esto deja ver que a los españoles les va a costar mucho la transición automovilística. Además, el 64% de los turismos en circulación superan la década de antigüedad.
Desde la Eurocámara aseguraron que las restricciones en 2035 solo afectan a la venta de vehículos, no a su circulación, pero a partir de 2050 todos los vehículos de diésel, gasolina, híbridos enchufables y no, tendrán prohibida su circulación. Esto no afecta a los coches que compren ahora, los compradores deben tener en cuenta que lo dictado por el Parlamento Europeo puede cambiar en cuestión de meses.
