El ex Secretario General de Empleo Valeriano Gómez pidió este sabado «paciencia» para valorar de una «forma realista» las consecuencias de la reforma laboral aprobada por el Gobierno porque «las cosas se ven de otra manera cuando pasa el tiempo».
Así lo puso de manifiesto Gómez durante su intervención en la segunda jornada de la Escuela de Verano del Instituto Jaime Vera de la Fundación Ideas, en la que participó también el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
Gómez destacó la legitimidad del Gobierno para llevar a cabo la reforma tras dos años de negociaciones «poco fructíferas», y aseguró que las reformas propuestas van «en la dirección correcta» porque tratan de consolidar la contratación estable, como demuestra la limitación de encadenamientos de contratos de obra y servicio.
En cambio, Ferrer se mostró crítico con la reforma al entender que aspectos como el descuelgue salarial, introducido en el paquete de medidas, abre la puerta a que los empresarios «hagan caso omiso de los convenios colectivos».
Gómez, por su parte, resaltó que «los descuelgues nunca se harán de manera unilateral, sino que siempre procederán de una negociación entre la empresa y los trabajadores». De no llegarse a un acuerdo, dijo, «actuará un árbitro independiente».
En otro orden de cosas, Toni Ferrer incidió en la necesidad de recuperar el mercado laboral español, golpeado por una alta tasa de paro, aunque quiso dejar claro que la situación es, en este caso, un tanto especial, ya que 2 millones de parados de los cuatro 4,6 millones que hay en España existían antes de la crisis.
«Se trata de un problema estructural de nuestra economía», señaló Ferrer, tras justificar la huelga general convocada para el 29 de septiembre porque es «necesaria para preservar la socialdemocracia».
Por otro lado, el director de Política Económica de la Oficina Económica del Presidente, Aleix Pons, y los asesores de Angel Estrada y Ana Martínez analizaron el proceso de ajuste fiscal llevado a cabo tanto en España como en la UE que, según Estrada, procede de la «escasez de ingresos que ha generado la crisis».
Pons rechazó que las medidas procedan del tutelaje de los organismos internacionales y aseguró que buscan mejorar una situación «desfavorable», algo en lo que coincidieron Estrada y Martínez.
