MADRID, 24 (OTR/PRESS)
El ministro Corbacho ha adelantado dos cifras que empiezan ya a merecer debate: De un lado, el período para calcular la pensión de jubilación. De otro, el plazo para rechazar ofertas de empleo. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, considera que 20 años es un periodo «razonable» para calcular la pensión de jubilación -frente a los 15 últimos años actuales- y ha señalado que el cambio se debe aplicar de forma progresiva. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Corbacho ha afirmado que «será inevitable aumentar el tiempo de cálculo más allá de los 15 años» para garantizar la estabilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo.
Ha asegurado que el actual sistema de pensiones español penaliza mucho a las personas que pierden el trabajo en los últimos años de cotización, por lo que, cuando se jubila, recibe una pensión «casi de mínimos, aunque lleve 40 años cotizando». Corbacho ha indicado que una de las prioridades es incentivar la permanencia y, paralelamente, evitar las jubilaciones anticipadas, que se apliquen «sólo cuando sean absolutamente imprescindibles para resolver problemas de crisis económica». El pasado mes de febrero, el Ejecutivo propuso elevar a 25 años el cálculo de la base de las pensiones en un programa de previsiones que envió a la Comisión Europea. Sin embargo, se retractó poco después e indicó que la cifra se trataba sólo de un «ejemplo» incluido en el documento.
Por su parte, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, afirmó este martes que con medidas como la anunciada ayer por el Gobierno de rebajar el plazo para que los parados puedan rechazar las ofertas de empleo y formación «se intuye que se puede encontrar alguna fórmula de maquillar las cifras del paro»… En una entrevista radiofónica, Toxo se refirió a las declaraciones que hizo al respecto el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a quien calificó como «un gran propagandista de la huelga general» y el «mayor activo» de los sindicatos, porque «cada vez que habla crece el rechazo a las medidas del Gobierno».
El líder de CCOO dijo que «comparte» que los desempleados tengan que hacer un esfuerzo para encontrar empleo, pero se sintió preocupado por el «argumentario» que se usa para ello, ya que considera que los parados no lo son por voluntad, sino porque se ven expulsados del mercado de trabajo o incapacitados para encontrar empleo, sobre todo los jóvenes… Le pidió, pues, que «no criminalice» a los parados para justificar la adopción de nuevas medidas de recorte.
En la tramitación de la reforma laboral, añadió, está desarrollándose otra partida en paralelo «que se juega con un cuadro de aritmética parlamentaria» y que tiene «un siguiente acto» que son los Presupuestos Generales del Estado». Toxo acusó al Ejecutivo de «ningunear» al Parlamento por limitar los grupos de población que pueden acogerse a la ayuda de los 426 euros (ahora se han quedado fuera los parados de entre 30 y 45 años sin cargas familiares), cuando lo que le había pedido el Congreso es que prorrogara esta prestación y no que la modificara.
En su opinión, hay que mantener esta prestación -que el Gobierno prorrogó por otros seis meses el pasado viernes- «con condiciones o sin ellas». Toxo cree, además, que el Gobierno se está reservando la reducción del periodo de gracia para rechazar ofertas y formación, para incluirla en un reglamento «que aprobará con mayor discrecionalidad en alguna reunión del Consejo de Ministros». «No se ha atrevido a llevarlo al texto literal de la ley», añadió. Toxo subrayó que el Ejecutivo se ha mostrado «incapaz» de corregir los efectos de la crisis, de manera que la destrucción de empleo en España ha sido «mucho más acelerada» que en otros países europeos.
En este contexto, lamentó Toxo, los servicios públicos de empleo han jugado un papel «mínimo» y ahora, dijo, el Gobierno quiere «buscar atajos» abriendo a la iniciativa privada la intermediación laboral. El dirigente sindical recordó que en 2006 Gobierno y agentes sociales acordaron acometer una transformación profunda en los servicios públicos de empleo, que sólo intermedian en el 2% de las colocaciones. Pero cuatro años después, criticó, no se ha hecho «absolutamente nada». En este sentido, señaló que en los servicios de empleo españoles hay un funcionario por cada 160 parados, cuando la media europea es de un funcionario por cada 50.
En lugar de ir a esa transformación del antiguo Inem, un asunto que era más prioritario que tocar el Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno ha optado, según Toxo, por buscar atajos y abrir la intermediación laboral a las agencias privadas con ánimo de lucro. «Se quiere convertir el paro en un negocio», denunció.
Tras la ruptura de la mesa del diálogo social y la reforma del mercado laboral por el Gobierno y el Congreso, viene siendo más apreciable un endurecimiento de las posiciones sindicales hacia el Gobierno y sus posiciones.
