Detenidas 18 personas por explotación de inmigrantes ilegales

La Policía Nacional Oviedo, dentro de la operación denominada ‘Chanda’, ha detenido a la cúpula de una organización a nivel provincial que a través de un complejo de entramado empresarial se dedicaba a explotar a inmigrantes en situación irregular y defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social. Según informó la Policía, todos los miembros pertenecían a la misma familia y en total han sido 18 las personas detenidas.

A los detenido se les imputa, en función de su responsabilidad, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, de falsedad documental, de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en España.

La organización llegó a regularizar a 91 inmigrantes en Asturias y la Policía calcula que han podido defraudar 713.580 euros a la Tesorería Regional de la Seguridad Social.

Todos los detenidos son españoles. Seis de ellos se detuvieron en Prava; nueve en Oviedo; dos en Avilés y una más en El Entrego. Dos de ellos son los responsables de dos Asesorías Legales.

La llamada operación «Chanda» fue iniciada y desarrollada por el Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, a lo largo de los dos últimos años y medio en los que los investigadores han analizado multitud de documentación y se han confeccionado cinco atestados policiales. Así, para el desarrollo de la misma se ha contado con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y con los Servicios de Estadística de diversos Ayuntamientos.

El inicio de la operación tuvo lugar en octubre del 2008, cuando se detectó en la Oficina Unica de Extranjeros un incremento sustancial de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, siempre para las mismas cooperativas y asociaciones constituidas en Asturias y dedicadas mayoritariamente a la venta ambulante.

la Policía descubrió pronto la existencia de un complejo entramado de sociedades carentes de actividad, dirigido por una misma familia. Los órganos de dirección de estas sociedades en su mayoría, actuaban como testaferros. A cambio de una cantidad económica estaban dispuestos a «prestar» sus datos personales para que la asociación o cooperativa fuera dada de alta, pero desempeñaron el cargo para el que fueron designados.

Presuntamente esta familia habría comenzado su andadura empresaria hace aproximadamente siete años. Juntos y con asesoramiento profesional, diseñaron un negocio con el claro fin de obtener cuantiosos beneficios económicos.

Una vez creada las asociaciones y cooperativas ficticias procedieron a poner en marcha la primera parte del plan basada en conseguir dinero de la regularización de inmigrantes. A cambio de 1.000 euros, la organización presentaba ante la Oficina Unica de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Asturias, la correspondiente oferta de trabajo para una de sus múltiples cooperativas fantasmas de venta ambulante. De esta forma el trabajador conseguía viciada mente su autorización de trabajo y residencia o sus correspondientes renovaciones.

Además de este primer pago, se exigían a cada trabajador una cuota periódica para que pagaran sus propios seguros sociales. Este dinero nunca fue liquidado a la Tesorería General de la Seguridad Social siendo ingresado en las arcas de la familia.

La investigación puso de relieve que la organización había decidido diversificar sus expectativas empresariales y no sólo centrarse en obtener beneficios de los extranjeros, sino también de otros trabajadores asturianos.

Así, estos trabajadores eran conocedores de la falta de actividad de las cooperativas dedicadas a la venta ambulante, si bien, se beneficiaban por una parte de evitar cotizar a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y por otra, generaban derechos para favorecerse de las prestaciones y subsidios por desempleo.

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