La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha asegurado que es «absolutamente precipitado» valorar en estos momentos los efectos de la reforma laboral porque su tramitación parlamentaria no terminó hasta el pasado 17 de septiembre, por lo que ha pedido un «tiempo prudencial» para que su contenido genere la «suficiente confianza» en trabajadores y empresarios para acogerse a las medidas que contiene y se dé una «aplicación amplia».
En cualquier caso, ha señalado que se requerirá de un «periodo de tiempo sostenido de crecimiento» para que repercuta en la creación de empleo.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2011 en relación a su departamento, Rojo ha señalado que las políticas activas «no crean empleo», ya que su objeto es «favorecer» la transición al empleo para aquellos que no disponen de él o la mejora de sus condiciones para los que sí trabajan, pero ello siempre en función «del empleo disponible».
En este sentido, ha destacado que para 2011, la Secretaría General de Empleo dispone de unas cuentas elaboradas en una «coyuntura de graves dificultades» y «profundos ajustes» para combatir el déficit público, si bien el recorte de la Secretaría General de Empleo sólo alcanza el 2,2% –frente al 7,9% de media–, disponiendo de 39.500 millones de euros.
Esta cantidad, según Rojo, permite el mantenimiento de las políticas de protección y las políticas activas de empleo, como demuestra que la mayor parte corresponda al Servicio Público de Empleo Estatal, con 37.941 millones, un 2,4% menos que en 2010.
Otros 1.428 millones van al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), 29,4 al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 90 millones para ayudas previas ala jubilación gestionadas por la Dirección General de Trabajo y 6,5 millones para la promoción de la economía social, el trabajo autónomo y la responsabilidad social en las empresas.
De ellos, el 42% de los ingresos son aportación del Estado, que alcanzan los 15.780 millones, un 4% menos que en 2010, y otros 21.231 millones de euros corresponden a cuotas de formación y empleo, un 0,9% menos que hace un año.
Precisamente Rojo ha explicado que las cuotas por desempleo han descendido un 0,23%, hasta 19.251 millones de euros y las de formación un 8,05%, hasta los 1.980 millones, una estimación amparada en la «desviación negativa» que sufrieron en 2010. A estas cantidad se añaden las aportaciones del Fondo Social Europeo.
CESE DE ACTIVIDAD DE LOS AUTONOMOS
Además, este año se incluye por primera vez una estimación de la conocida como prestación por cese de actividad de los autónomos, que contará con una aportación de 16 millones de euros de posibles cuotas voluntarias de los profesionales por cuenta propia para permitir el pago de prestaciones por dos millones de euros.
Rojo ha señalado que aunque al cifra es reducida, hay que tener en cuenta que no se generarán derechos para cobrarlas hasta finales del próximo año, pues el mínimo de cotización está en doce meses.
Rojo ha destacado que el de su departamento es un presupuesto finalista que en un 79,5%, 30.140 millones de euros, se destinarán a prestaciones y el 19,5% a las políticas activas, gestionadas por las comunidades autónomas a través de itinerarios.
En concreto, de los 30.140 millones de euros presupuestados en el área de la protección por desempleo, 20.929 millones de euros se destinarán al pago de prestaciones contributivas y 7.781,4 millones se dedicarán al abono de subsidios, incluida la renta agraria, un 68% más, si bien Rojo ha destacado que también se incluye la prórroga de las ayudas de 420 euros a parados sin prestación, calculando que sus beneficiarios las estarán percibiendo hasta octubre del próximo ejercicio, si bien no podrán solicitarlas a partir de marzo.
100 MILLONES AL FOGASA PARA CUBRIR DESPIDOS
A las prestaciones de garantía salarial se destinarán 1.428,37 euros, un 56% más, correspondientes en su mayor parte al pago de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
A raíz de la reforma laboral, el Fogasa, que se nutre de cotizaciones empresariales, pagará ocho días de indemnización en los despidos por causas objetivas, tanto en los contratos indefinidos ordinarios (45 días por año trabajado) como en los de fomento del empleo (33 días por año), una carga que el Gobierno estima en 100 millones de euros.
A este particular se destinan 100 millones de euros, cantidad estimada hasta que esté operativo el futuro Fondo de Capitalización.
