Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han registrado de nuevo en el Congreso su solicitud de crear una comisión de investigación sobre los documentos dados a conocer por la organización Wikileaks, esta vez sumando también la firma de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds, las dos formaciones que comparten grupo parlamentario con ERC.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ya había avanzado el pasado martes que se reservaba el derecho a pedir la comparecencia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a plantear una investigación parlamentaria sobre esta cuestión, una vez que obtuviera explicaciones y documentos pedidos al Gobierno.
Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, los republicanos desconocían que su compañero de grupo estuviera barajando la posibilidad de reclamar esa investigación, pese a haberlo anunciado en rueda de prensa, y el BNG también firmó el escrito de ERC dando por hecho que contaba con el respaldo de IU e ICV, que venían siendo quienes lideraban la petición de explicaciones por este tema.
Al comprobar que todos compartían el mismo objetivo, han decidido aunar fuerzas y presentar en el Registro del Congreso el mismo texto que ya se había registrado este miércoles, pero ya con la firma de las cuatro formaciones.
En concreto, ERC, IU, ICV y BNG reclaman la creación de una comisión de investigación parlamentaria que analice los documentos difundidos por Wikileaks para «esclarecer la verdad y el alcance» de los que afectan a España, de los hechos a los que se refieren, sus antecedentes y consecuencias, así como de las responsabilidades que pudieran derivarse de todos ellos.
Esta petición tendrá que ser calificada por la Mesa del Congreso en su próxima reunión y después habrá de elevarse a la Junta de Portavoces para que los grupos pongan fecha para el debate de la misma en el Pleno.
EN DETRIMENTO DE CIUDADANOS ESPAÑOLES
En su escrito, las cuatro formaciones subrayan que la publicación de los documentos filtrados procedentes de Wikileaks «han puesto en evidencia una supuesta interferencia del poder Ejecutivo del Estado español en el poder judicial» que, además, se habría realizado «a instancias del Gobierno de Estados Unidos», en beneficio de ciudadanos estadounidenses y en detrimento de españoles como el cámara de televisión asesinado en Irak, José Couso, o el expreso de Guantánamo, Hamed Abderraman Ahmed.
ERC, IU, ICV y BNG citan también las comunicaciones entre la Embajada de Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado y la de la Audiencia Nacional, así como la «connivencia» del Ejecutivo con los conocidos como vuelos de la CIA, asunto en el que ponen en duda también la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
