MADRID, 06 (OTR/PRESS)
Con la declaración del estado de alarma para garantizar la libre circulación de los ciudadanos y restablecer la normalidad en la prestación de un servicio público esencial -el transporte aéreo-, el Gobierno hizo lo que debía y la opinión pública le respaldó. No había más alternativas. No tan rápidas y eficaces, si se trataba de pararle los pies a un colectivo acostumbrado a conseguir sus objetivos laborales y profesionales mediante la huelga salvaje con toma de rehenes.
Ahora tenemos a 442 controladores expedientados a raíz de los sucesos de los últimos días. Lo previsible es que haya despidos. Y, en todo caso, un replanteamiento del trabajo en las torres de los aeropuertos. El reto de los ministerios de Fomento y Defensa es habilitar lo antes posible a un número de controladores alternativos suficiente para desactivar una eventual vuelta a las andadas del colectivo sindicalizado en la USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos).
Correcto. Lo inexplicable es que no lo haya hecho ya en los once meses transcurridos desde que se aprobó en el Congreso de los Diputados el decreto ley de 5 de febrero (después se tramitó como ley y se aprobó por unanimidad). Aquella norma disponía que la dirección y organización del servicio de control aéreo (configuración operativa y determinación de turnos de trabajo) pasaba a depender de AENA. Y además posibilitaba la formación de 500 nuevos controladores aéreos. O la contratación de otros ya formados. Nacionales o extranjeros, pero siempre habilitados por empresas autorizadas en el marco de la normativa de la Unión Europea.
En definitiva, la nueva norma legal venía a modificar el régimen jurídico y laboral de los controladores aéreos en España. Pero me temo que no hemos avanzado nada, o muy poco, desde entonces. Sin embargo, en su día, el propio ministro de Fomento, José Blanco, presentó aquella normativa -derogó con respaldo judicial algunas previsiones contenidas en el convenio colectivo-, como la herramienta legal definitiva que evitaría la reutilización de los ciudadanos como rehenes de los controladores aéreos para mantener sus privilegios.
Privilegios derivados del convenio firmado con AENA en 1999. Convenio denunciado en 2005 por la empresa. Desde entonces, cada intento de renovarlo de mutuo acuerdo ha terminado en fracaso por las pretensiones inasumibles de los controladores. Las últimas, presentadas en la reunión que las partes celebraron el pasado miércoles, vuelven a plantear una considerable reducción de horas de trabajo (250 menos, respecto a las 1670 establecidas por ley) con la misma masa salarial, de la que se deduce una retribución media de 250.000 euros por controlador y año. Ustedes dirán.
