MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Con mucho menos consenso del que se hubiera deseado, terminaron sus trabajos los integrantes del grupo de trabajo del Pacto de Toledo, elevando al Gobierno una serie de propuestas y recomendaciones, algunas de las cuales veremos llevadas a modificaciones de normas vigentes. Otras requerirán mayor reflexión previa… Está por ver en qué medida el Gobierno ‘respeta’ o interpreta tales recomendaciones, por ejemplo, a la hora de proponer cambios en la edad legal de jubilación, sumándose al consenso adoptado en esta materia, incluido el de su grupo parlamentario. Entienden las fuerzas políticas que no sería razonable que el Ejecutivo actúe contra las decisiones del poder legislativo. Salvo que sólo quiera justificarse ante los ‘mercados financieros’, que parecen ser los que fuerzan a las modificaciones que se van a efectuar en la reforma de las pensiones, incluso por encima de llamado ‘consenso social’.
Temen las fuerzas políticas y sociales que una medida que extienda la edad legal de jubilación como la que se viene anunciando, los 67 años, conllevaría, con toda probabilidad, un incremento de la confrontación social que ya han anunciado CCOO y UGT. Por lo demás, algunas de las recomendaciones del grupo de trabajo del Pacto de Toledo son claramente ambiguas, por lo que pueden servir de coartada para justificar las modificaciones legislativas que el Gobierno sigue anunciando. Por ejemplo, el incremento de los años de cómputo para calcular la base de la futura pensión no concreta ni cuántos, ni cuáles serán éstos, ni la progresividad de esta medida. De ahí que se piense que esta medida sólo busca una disminución del valor de la pensión reduciendo la misma entre un 5 y un 10%. Recordemos que el valor medio de la pensión de jubilación actualmente está en torno a los 780€. La actual edad legal de jubilación, los 65 años, es la que da lugar a percibir ese 100% de la pensión, siempre que se hayan cotizado 35 años. Algo que cada vez es más difícil de conseguir, puesto que la incorporación al mercado de trabajo se realiza cada vez más tarde, y además, nuestros jóvenes se ven ante la proliferación de la contratación a tiempo parcial que hacen que sean necesarios más años reales de trabajo para conseguir los 35 efectivos de cotización.
De ahí que tenga un relativo sentido ampliar esta edad, ya que nada impide actualmente prolongar la vida laboral más allá de los 65 años. Por ejemplo, sugiere la central USO: ¿Por qué no se incentiva más este supuesto de la prolongación voluntaria de la vida laboral, al menos en la misma cuantía que se penaliza la anticipación? Y argumenta: La mejor medida para garantizar las pensiones de los futuros pensionistas es que éstos coticen, es decir, que tengan empleo. No olvidemos que sin cotización no hay pensión, y que la cotización es fruto del empleo. Por tanto, lo mejor que se puede ofrecer, con más del 40% de paro juvenil, para garantizar su pensión, es un empleo. De ahí que se reclamen reformas globales que configuren un marco adecuado para el crecimiento del empleo y la productividad. «La sostenibilidad del sistema empieza por convertir en cotizantes a los más de 3.250.000 parados actuales que ya han consumido la prestación contributiva y por tanto han dejado de cotizar», se argumenta.
