Los trabajadores que sean despedidos sin que haya ningún tipo de voluntariedad por su parte podrán seguir jubilándose de forma anticipada a los 61 años, según la reforma del sistema de pensiones aprobada este viernes por el Gobierno.
A pesar de que con carácter general la reforma retrasa a los 63 años la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada, aquellos que pierdan su empleo de forma involuntaria, tengan cumplidos los 61 años y lleven al menos 33 cotizados, podrán optar por el retiro prematuro.
No obstante, estos trabajadores seguirán sufriendo una penalización en la cuantía de su pensión por cada año que adelanten el retiro.
Con la reforma, el coeficiente que reduce la prestación se fija de forma general en el 7,5% anual, frente a la horquilla de entre el 6% y el 7,5% que se aplicaba hasta ahora.
Para calcular la reducción que corresponde se tendrá en cuenta el año en el que teóricamente se debería jubilar el trabajador, es decir, si tiene cotizados más de 38,5 años serán los 65 años, y si tiene menos serán los 67 años.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo e Inmigración advierte de que pondrá especial cuidado a la hora de aceptar estas jubilaciones anticipadas a los 61 años para verificar que detrás de la decisión no esté la voluntariedad del trabajador.
Sobre el coeficiente reductor, el Gobierno explica que se ha fijado como tope máximo una penalización del 42%.
