El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz ha aceptado la solicitud del sindicato CC.OO. de Extremadura de abrir la vía para considerar si eleva al Tribunal Constitucional el recorte salarial del personal funcionario de las Administraciones Públicas, según informa el sindicato en un comunicado.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha considerado que esta providencia «refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos alcanzados en las administraciones y sector públicos».
Según el sindicato, en la providencia dictada el pasado 10 de febrero el juzgado resuelve iniciar el procedimiento para «cuestionar la constitucionalidad» del Real Decreto del Gobierno por el que se aprobó el recorte salarial del personal funcionario de las Administraciones Públicas.
En este caso, en concreto, el juzgado abre la posibilidad de llevar al Constitucional el recorte aplicado al personal del Ayuntamiento de Badajoz, pero «sus efectos de inconstitucionalidad se extenderían al conjunto del personal funcionario de todo el país», explica el sindicato.
Se trata de la primera providencia en al ámbito Contencioso-Administrativo en el Estado, y debido a ella los más de tres millones de personas asalariadas en el sector público español, tanto laborales como funcionarios, personal de las distintas administraciones, entes, empresas y organismos autónomos, «podrían obtener la protección judicial de sus derechos individuales y colectivos, mediante la intervención del Tribunal Constitucional».
PLAZO DE ALEGACIONES.
Cabe destacar que la providencia concede plazo a las distintas partes para que «aleguen lo que estimen pertinente sobre la necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad», ampliando sus posibles motivos a los que se recojan en Autos de diferentes Salas de la jurisdicción social en el Estado.
Ante esta situación, CCOO ha anunciado que «mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos de los asalariados del sector público», en el curso de su campaña de acciones jurídicas colectivas frente al recorte salarial y exige al Gobierno el cumplimiento de los Acuerdos Administración Sindicatos para 2010-2012.
Por otro lado, el Constitucional ya tramita la posible inconstitucionalidad de la bajada de los sueldos de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo de 2010, cuyo descenso osciló entre el 0,5% y el 7% de los salarios.
El pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional elevó al TC esta cuestión planteada por los sindicatos de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), tras dictar una providencia en la que hizo constar sus «dudas sobre la constitucionalidad» de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit referido al recorte salarial a los funcionarios.
