Mañana lunes se acaba el plazo para que Manuel Pimentel, el árbitro acordado por AENA y el sindicato USCA que agrupa al 97% de los 2.400 controladores del ente, ponga fin al conflicto entre ambas partes con la emisión de un laudo sobre las materias que no hayan sido acordadas en la mesa de negociación.
Pimentel, que ha contado con el asesoramiento directo de dos personas, una asignada a propuesta de AENA y el Ministerio de Fomento, y otra elegida a iniciativa de los controladores, se encuentra ya redactando su decisión, por lo que ambas partes están a la espera de conocer el correspondiente laudo, que es de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable.
Durante todo este mes, el árbitro se ha reunido con los representantes de ambas partes por separado, que le han informado sobre los acuerdos alcanzados en la negociación que deben ser respetados, y le han entregado ya toda la documentación necesaria sobre los puntos de confrontación.
Entre estos últimos figuran el reparto de la masa salarial, la designación de puestos de responsabilidad y las condiciones de los nuevos controladores. Aunque la masa salarial se ha fijado en 480 millones de euros para 2010 y en torno a los 460 millones de euros para años sucesivos, no hay acuerdo en el reparto.
AENA pretende distribuir el complemento de 33.000 euros anuales como adaptación a la jornada vinculado a objetivos de productividad, como el nivel de absentismo o el número de regulaciones realizadas por dependencia, frente a USCA que quiere que sea equitativo a todo el colectivo.
Así, la compañía propone abonar dicho complemento a los controladores que estén en activo, los acogidos a la Licencia Especial Retribuida (LER) –suspendida ahora por tres años– antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, además de aquellos que desempeñen funciones de instrucción y supervisión.
La LER, según el convenio en vigor, es una situación, previa a la jubilación, a la que podían acogerse los controladores que hayan cumplido los 55 años de edad y hayan prestado, al menos, treinta de servicio, a partir de los 52 años, que permitía que cobraran 170.000 euros como salario.
Con la nueva normativa, los controladores entre los 52 y los 57 años que por causas psico-físicas hayan perdido su condición de controlador operativo pasarán a realizar otras funciones. Cumplidos los 57 años, si estas condiciones persisten pasarán a la reserva activa con un salario de 50.000 euros.
LOS MAYORES ESCOLLOS.
El otro gran escollo es la designación de los puestos de responsabilidad que, según AENA, tendrán que ser de libre designación por el proveedor, el propio ente durante el periodo de transición o el proveedor certificado en aquellas torres liberalizadas, mientras que USCA quiere que prevalezcan criterios como el de la antigüedad.
Asimismo, ambas partes tampoco se han puesto de acuerdo en lo que se refiere a la contratación de los nuevos controladores. La compañía defiende que se utilicen cualquiera de las fórmulas contempladas en el Estatuto de los Trabajadores.
El último convenio con los controladores se firmó en 1999 y finalizó su vigencia en 2004. El futuro convenio colectivo deberá encajar con lo dispuesto en el Real Decreto aprobado el 5 de febrero de 2010, que otorgó a AENA el control de la gestión laboral del colectivo.
El decreto, que entró en vigor el 15 de abril, reguló las condiciones laborales de los controladores civiles de tránsito aéreo, estableciendo una nueva organización del trabajo –horas laborales y de descanso– y rebajando el salario del colectivo hasta una media de 200.000 euros al año, un 40% menos.
