El Defensor del Pueblo recibió durante el pasado año «numerosas» quejas por la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno y los agentes sociales, sobre todo por el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años y su «posible» pérdida del derecho a alcanzar la pensión.
En su Informe Anual a las Cortes Generales 2010, la institución constata la preocupación de los españoles ante la reforma de las pensiones, precisamente el mismo día en que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica en su última encuesta que ocho de cada diez españoles están poco o nada de acuerdo con elevar la edad de jubilación en dos años desde los 65 años actuales.
Los ciudadanos que presentaron sus quejas mostraron especial hincapié en la necesaria proporcionalidad que debe existir entre las cotizaciones acreditadas –esto es, bases de cotización y número total de años cotizados– y la cuantía final de la pensión.
Además, la disconformidad de los ciudadanos también se mantuvo sobre los coeficientes reductores para el cálculo de la pensión en las jubilaciones anticipadas a partir de los 60 años, al considerar que no se valora «suficientemente» la dilatada carrera de cotizaciones y se disminuye así la cuantía final de la prestación.
En cuanto a la congelación de las pensiones, como medida ‘antidéficit’ incluida en el plan de ajuste aprobado en mayo de 2010, el Defensor del Pueblo recibió la petición de «numerosas» asociaciones de prejubilados y pensionistas para interponer un recurso de inconstitucionalidad.
Estas asociaciones esgrimieron que la suspensión de la revalorización de las pensiones podría vulnerar el artículo 50 de la Constitución, en el que se prevé que los «poderes públicos garantizarán un sistema de pensiones periódicamente actualizado que garantice un nivel de vida a las personas de la tercer edad».
Ahora bien, la institución aclaró a los solicitantes que no se cumplía el requisito de que el recurso ante el Tribunal Constitucional se presente en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la norma impugnada, es decir el 20 de agosto.
ELIMINACION DE «LARGAS COLAS» EN EL INEM.
En la parte del informe sobre administración laboral, el Defensor del Pueblo valora el reconocimiento ‘online’ de las prestaciones por desempleo a través de la web redtrab@, con lo que prevé que las «largas colas y horas» de espera en las oficinas de los servicios públicos de empleo tienda a reducirse.
Aún así, la institución subraya como «prioritario» que el Gobierno facilite información a los parados sobre estas medidas para evitar la personación de los usuarios en las oficinas del antiguo INEM.
