Cristina Ruiz(PP) dice que los ERE se tramitaron desde la legalidad y desconoce lo que hiciera la Junta andaluza después

Cristina Ruiz, que ya ha presentado ante la Junta Electoral su renuncia como integrante en el puesto número 22 de la lista del PP a la Alcaldía de Córdoba, asegura que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi) de Córdoba se tramitaron desde la «legalidad absoluta».

En un comunicado, Ruiz ha afirmado que «las irregularidades o la manipulación que más tarde pudiera haber con ese listado de personas» no es su responsabilidad, «ni de nadie de la Fundación Promi», por lo que asegura que «los trámites que se siguieran a posteriori entre la Junta de Andalucía y la aseguradora» los desconoce.

Explica que los centros especiales de empleo dependientes de la Fundación Promi «atravesaban por una grave crisis económica que estaba ocasionando graves daños a nivel personal y profesional a los trabajadores que formaban parte de dichas empresas, siendo más de un 70 por ciento de la plantilla personas con discapacidad intelectual».

Tras múltiples intentos de resolver la situación de dichas empresas y con el apoyo incondicional de la Delegación de Empleo de Córdoba y de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social; el Patronato de la Fundación Promi tomó la decisión de extinguir definitivamente la actividad de los centros especiales de empleo, «pues la situación se hacía insostenible». Para ello, se decidió pedir ayuda a la Junta de Andalucía y a ella, desde el patronato de la Fundación, le dieron la orden de que comenzara a trabajar en ese sentido.

De este modo, el 28 de noviembre de 2005 se mantuvo una reunión en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía a la que asistió Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social; Antonio Fernández, delegado de Empleo de Córdoba; Ramón Díaz, asesor del director general de Trabajo y Seguridad Social; Vicente Palomares, secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT de Córdoba; Sebastián Sánchez, representante de FETE-UGT de Córdoba; Juan Pérez Marín, presidente de la Fundación Promi, y ella como gerente. Entonces se debía a los trabajadores de las sociedades limitadas entre cinco y siete nóminas.

Cristina Ruiz explica que son muchas las reuniones que se celebraron con la intención de buscar la mejor alternativa, acudiendo, a la mayoría de ellas, las personas citadas anteriormente. Finalmente, todo acabó en la presentación de dos expedientes de regulación de empleo, para dos de las empresas: Promi Forja S.L y Muebles de Madera Promi S.L.

Asegura que «los ERE se tramitaron desde la legalidad absoluta, cada uno de los trabajadores de dichas empresas firmó su póliza correspondiente y dieron sus datos personales». Dice que «jamás en las mesas en los que los trabajadores firmaban sus pólizas se sentó ninguna persona ajena a las empresas»; hay muchas personas «testigos de ello» y «los trabajadores que no pudieron ser prejubilados se acogieron al Fondo de Garantía Salarial».

Cristina Ruiz asegura que luchó por «defender los derechos de muchas personas que lo estaban pasando muy mal, para los cuales existen apoyos legales a los que desde las empresas se puede acudir, además muchos de ellos eran personas con discapacidad». Pero insiste en que «jamás» se hará «responsable del trabajo que se realizara desde la Junta de Andalucía».

Reconoce que «es cierto que escribía faxes, cartas» y se personaba en la Delegación de Empleo y en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social asiduamente para «intentar acelerar lo máximo posible los pasos a seguir para salvar la situación de los trabajadores». Asimismo, recuerda que «tan agradecidos» estaban desde Promi por la ayuda que desde la Junta de Andalucía se estaba prestando, que su presidente, Juan Pérez Marín, propuso a Javier Guerrero Benítez que entrara a formar parte del Patronato de la Fundación Promi.

Achaca las informaciones aparecidas sobre su gestión a un «único y claro objetivo de hacer daño» primero a la imagen de un partido, como es en este caso el PP, y en segundo lugar a ella personalmente, «tal vez por los litigios en los que actualmente» está inmersa con la Fundación Promi.

De otro lado, tras las declaraciones del secretario general del PSOE de Córdoba y candidato a la Alcaldía de la ciudad, Juan Pablo Durán, dice que va a interponer una querella por atentar contra su «honor y su imagen».

No obstante, Cristina Ruiz ha solicitado a la Junta Electoral su baja en la lista del PP de Córdoba, «por motivos personales», aclarando que apostó por un proyecto que cree ganador con la única intención de «ayudar a cambiar y mejorar la situación de la ciudad».

Aclara que aunque no está afiliada al Partido Popular, ni a ningún otro partido, considera que «el PP es actualmente la única solución óptima para el cambio que necesita Córdoba».

Con esta decisión, dice que no ha formado «oficialmente nunca parte de esta candidatura del PP ni de ninguna otra», y que su labor siempre ha estado vinculada a la empresa privada.

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