El decreto de reforma de la negociación colectiva aprobado por el gobierno en la última sesión del Consejo de Ministros entró en vigor este domingo, tras su publicación el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La nueva normativa permite que el Gobierno obligue a que, cuando la negociación de un convenio no concluya con acuerdo, el proceso sea resuelto mediante el arbitraje.
La reforma establece además que las organizaciones sindicales y empresariales deberán incluir en los acuerdos interconfederales la aplicación automática de un proceso de arbitraje cuando no haya acuerdo para la renovación del convenio.
Durante el periodo transitorio de aplicación de la reforma, que es de un año (hasta el 30 de junio de 2012), es el propio Gobierno el que establece que el arbitraje será obligatorio si no hay consenso entre trabajadores y empresas.
De esta forma, hasta el 30 de junio o hasta que se firmen los acuerdos interconfederales, el arbitraje vendrá impuesto por la reforma; mientras que a partir de entonces serán los propios acuerdos los que deberán imponer este tipo de resolución de los conflictos.
En el caso de que los acuerdos interconfederales no establezcan el arbitraje obligatorio, volverá a aplicarse la reforma; por lo que, en la práctica, en todos los casos deberá solucionarse el conflicto por esta vía.
La reforma establece también el plazo máximo de negociación que los representantes de los trabajadores y las empresas tendrán para acordar la renovación del convenio o para elaborar uno nuevo.
Este plazo máximo será de ocho meses para las negociaciones de convenios que tengan una duración inferior de dos años, y de hasta 14 meses para los que superen este tiempo.
Durante este periodo, tal y como ocurría hasta ahora, se mantendrán las condiciones estipuladas en el convenio anterior excepto las que tengan que ver con la revalorización de los salarios.
Entre otras medidas, el decreto fija el porcentaje de la jornada laboral que la empresa podrá distribuir de forma irregular, que se sitúa en el 5% y la prevalencia de los convenios de empresas y los provinciales.
El Real Decreto-ley 7/2011 de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva pasará ahora al Congreso de los Diputados donde debe ser ratificado y será previsiblemente tramitado como proyecto de ley.
