Según el Alto Tribunal, el ajuste no vulneró derechos fundamentales como el de la negociación colectiva

El TC avala la bajada de sueldo a los empleados públicos

Se desestima el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Audiencia Nacional

El TC avala la bajada de sueldo a los empleados públicos
Funcionarios trabajando.

El Tribunal Constitucional ha avalado el recorte salarial del Gobierno a los empleados públicos al desestimar la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por la Audiencia Nacional ante las dudas surgidas sobre el encaje en la Carta Magna del real decreto por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Fue la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional quien decidió en noviembre pasado elevar una cuestión de inconstitucionalidad al estudiar un recurso contra el recorte salarial del Gobierno a los funcionarios de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que afectó a unos 1.700 empleados públicos.

Los magistrados del Tribunal Constitucional, reunidos en pleno, han decidido inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad al entender que la medida del Gobierno no afectó al derecho a la negociación colectiva, según se recoge en la sentencia hecha pública hoy.

La resolución fue dictada el pasado 7 de junio, antes de que se declarara la crisis institucional con la dimisión ayer, lunes, de tres magistrados, una renuncia que fue rechazada por el presidente del Constitucional, Pascual Sala.

El tribunal señala que los preceptos legales cuestionados, ni regulan el régimen general del derecho a la negociación, ni la intangibilidad del convenio colectivo se configura como uno de sus elementos esenciales, por lo que la medida del Gobierno socialista no afectó a los derechos, deberes y libertades proclamados en la Constitución.

DUDAS CONSTITUCIONALES

La Sala de lo Social decidió elevar la cuestión de inconstitucionalidad el 7 de noviembre de 2010 en una resolución en la que avanzaba dudas sobre la constitucionalidad de la redacción de algunos de sus artículos, por posible afectación del contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Los magistrados plantearon dudas sobre los artículos 22, 4 y 25 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, promovida por el artículo 1 del real decreto por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

 

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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