Nuestro sistema de protección social está pensado para dar una cobertura máxima de tres años y medio a los parados
El número de parados que no recibe ningún tipo de prestación por desempleo, incluyendo en estas prestaciones la prestación contributiva por desempleo y la prestación por subsidio ha aumentado en 393.000 personas desde diciembre y se situa en 1.645.000 personas.
Estas personas, a priori, no reciben ningún tipo de ingresos por rendimientos del trabajo ni ninguna ayuda económica por parte de los Servicios Públicos de Empleo.
Pero además de este dato, como explica el Blog Salmón, tan pésimo, síntoma del agotamiento de prestaciones por parte de los parados de larga duración y falta de reincorporación al mercado laboral, tenemos otro efecto más negativo todavia.
El número de subsidios se consolida por encima de las prestaciones contributivas de desempleo, Recordemos que los subsidios representan un cobro en torno a los 450 euros/mes, frente una prestación media de desempleo que oscila entre los 750 / 900 euros mensuales.
Evidentemente, la caída en picado de las prestaciones públicas, el aumento de parados sin prestación y las malas perspectivas ratifican la defunción del Estado de Bienestar.
Nuestro sistema de protección social está pensado para dar una cobertura máxima de tres años y medio a los parados.
En el mejor de los casos, un parado tendrá derecho a 2 años de prestación por desempleo y podrá recibir una ayuda adicional de 18 meses mediante el subsidio de desempleo.
Si miramos la gráfica del paro mensual, podemos constatar cómo desde el verano del 2008, el número de parados no ha dejado de crecer y el síntoma de agotamiento de las prestaciones comienza a mostrar sus primeras señales.
A efectos prácticos, nos quedan muy pocos meses para que el problema social de la carencia del Estado de Bienestar sea latente y la falta de recuperación clara en el mercado laboral, se va a convertir en un problema social de primer orden si no se ponen medidas urgentes en marcha. Avanzo un par de datos e ideas para el próximo post.
El Estado asume un coste de 28.000 euros (valor medio) por la caída de las cotizaciones y recaudaciones en el IRPF junto con la prestación de desempleo que él recibe.
¿No sería mejor afrontar un mecanismo de recolocación laboral disminuyendo éste coste y favoreviendo la entrada de trabajadores a coste cero en Seguridad Social para las empresas?
