Gómez pide un gran pacto de rentas, no sólo de salarios, y prevé que el paro suba en agosto menos que en 2010

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, se ha mostrado convencido este lunes de que los agentes sociales alcanzarán un acuerdo para mantener la moderación salarial hasta 2014, aunque ha dicho que él es más partidario de que se haga un gran pacto de rentas, donde además de moderar los salarios, se moderen los beneficios empresariales y los márgenes de distribución.

«Es más apropiado hablar de un gran pacto de rentas, en el que se moderen también los beneficios distribuidos haciendo que se destinen a inversión y empleo, moderando también los márgenes de distribución porque están haciendo que nuestro modelo de precios nos separe sistemáticamente del resto de países europeos y termina provocando que los crecimientos salariales nominales sean mayores», ha afirmado Gómez en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press.

El ministro ha señalado que si el acuerdo se centrara sólo en al moderación salarial «al final, legítimamente, los trabajadores dirán que por qué son ellos los únicos que colaboran en el proceso». «Para que estas políticas sean creíbles, tienen que estar todos en el mismo barco, en el barco del sacrificio, el rigor y la austeridad», subrayado.

Gómez espera que sindicatos y empresarios sean capaces de alcanzar el acuerdo antes de las elecciones generales y ampliar así, hasta 2014, el acuerdo interconfederal de negociación colectiva (ANC), cuya vigencia expira en 2012.

Preguntado por cómo se comportará el paro en agosto, el ministro ha señalado que el desempleo irá a mejor y crecerá menos de lo que lo hizo el año pasado, cuando subió en 61.063 personas.

Gómez ha explicado que el mes de agosto era antes bueno para el empleo, pero que en los últimos diez, quince años, se ha convertido en un mes malo debido a «ciertas prácticas empresariales».

«Se suele aprovechar agosto para rescindir contratos y volverlos a hacer pasado el mes. Es una forma de obtener el pago de las vacaciones a costa del Servicio Público de Empleo. Son prácticas perseguidas y cada vez más controladas», ha añadido.

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