La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que representa al 97% del colectivo que AENA cuenta en su plantilla, aseguró este jueves que vigilará que los controladores que quieran permanecer en las 13 torres de control ya en proceso de licitación vean respetados sus derechos laborales, tal y como contempla la Ley 9/2010, el laudo mediado por Manuel Pimentel y el Estatuto de los Trabajadores.
En un comunicado, USCA valoró que Aena Aeropuertos especifique la obligación de respetar las condiciones laborales de los controladores actualmente destinados en las primeras 13 torres liberalizadas por parte de los nuevos proveedores.
Ferrovial y NATS, a través del consorcio Ferronats Air Traffic Services, se ha adjudicado diez de las 13 torres sacadas a concurso –Alicante, Valencia, Ibiza, Sabadell, Sevilla, Jerez, Melilla, Cuatro Vientos, Vigo y A Coruña–, mientras que la compañía Saerco gestionará el servicio de control de torre en los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
No obstante, el sindicato se mostró convencido de que este proceso causará «una serie de problemas muy graves» al nuevo Gobierno, que según dijo, «no tendrá capacidad de maniobra», y lamentó «las prisas» del proceso a menos de dos meses de unas elecciones generales, tal y como ha venido denunciando el PP.
«La adjudicación se ha desarrollado con demasiada celeridad, por lo que acarreará graves perturbaciones a la gestión general del espacio aéreo español», advirtió.
Desde USCA se ve «absolutamente necesario» el mantenimiento de la navegación aérea en «manos públicas». «No olvidemos que el turismo es uno de los pocos sectores económicos que pueden sacar a este país de la crisis (…). Dejar esta fuente de ingresos en diferentes manos privadas, a expensas de intereses empresariales dispersos según la localidad de la que estemos hablando es muy peligroso para la economía nacional», concluyó.
