Los empleados públicos estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones en agosto
Mariano Rajoy ha afirmado este 16 de junio de 2012 que por ahora no va a aplicar las reformas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, que recomendó a España que suba el IVA y rebaje los salarios de los funcionarios.
El presidente del Gobierno se ha referido al informe del FMI durante una conversación informal con un grupo de periodistas tras su intervención en el acto de clausura de la 17 Unión Interparlamentaria Popular, que se ha celebrado en San Sebastián.
El FMI, en su revisión de la economía española, ha pedido a España que aumente los ingresos con una subida del IVA y de los impuestos especiales, y contemple «futuros recortes de salarios públicos».
El Fondo considera deseable la reducción de las cotizaciones a la seguridad social y una eliminación de la deducción por compra de vivienda.
El presidente ha dicho que el del FMI es un informe más como otros que han emitido otras entidades y ha aclarado que las medidas propuestas no dejan de ser recomendaciones.
Dicho esto, parece claro que a los funcionarios algo les van a recortar.
EL BORRADOR YA REDACTADO
La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado ya a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.
SUGERENCIAS AL GOBIERNO
El Gobierno, según confirma ABC, recibirá sugerencias de cada Ministerio y entonces se elaborará «una propuesta definitiva que someterá a negociación con los sindicatos«, que ya han expresado su malestar por el contenido del texto.
En el borrador se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas.
AMPLIACIÓN DE HORARIO
En la resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a los empleados públicos.Por otro lado, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas.
Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.
JORNADA INTENSIVA
En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas semanales.
En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.
JORNADA SEMANAL DE 37,5 HORAS
De hecho, en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, «ésta no podrá suponer un menoscabo» de la jornada anual, «debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo».
En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador.
Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
APLICABLE A CCAA Y AYUNTAMIENTOS
La jornada de 37,5 horas semanales no se implantará solo en la Administración central, sino que afectará también al resto.
Fue la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la que pidió al Ministerio de Hacienda en la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) que la medida se extendiera a todas las administraciones públicas, según confirmaron a 20minutos.es fuentes del Ministerio el pasado mes de marzo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya había dicho en febrero que la «intención y voluntad» del Gobierno era esa.
MEDIDAS URGENTES
La medida venía a completar el real decreto del 30 de diciembre de Medidas urgentes para la corrección del déficit público, en el que el Gobierno incluyó ya el aumento de horas, pero sin especificar el tipo de administración. Los funcionarios que quisieran mantener una jornada de 35 horas tenían que bajarse proporcionalmente el sueldo.
La jornada de 37,5 horas se aplicará en ayuntamientos y comunidades autónomas, ya que quedará reflejada en los Presupuestos Generales del Estado.
A TODAS LAS REGIONES
Algunas regiones como Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, gobernadas por el Partido Popular, ya han incrementado las horas correspondientes.
En total, el aumento afectará a dos millones de funcionarios más y su objetivo, según el Ministerio, es el «ahorro de horas extras», un dinero que aún no se ha cuantificado.
No acumular permisos a las vacaciones
El borrador conocido este viernes dice que los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares.
DISFRUTE DE VACACIONES
Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.
La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.
En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna «de todas las ausencias», incluidas las de duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de absentismo.
EL CABREO SINDICAL
El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar «unilateralmente» a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
En dicha ley, recuerda CC OO, se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es «inadmisible» y «ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos».
MEDIDAS EN CASCADA
Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las administraciones públicas, «que seguirán probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante».
Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado, en declaraciones a Europa Press, su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.
Camarillo ha calificado este procedimiento de «inadmisible» y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.
Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones.
«Nos tememos lo peor», ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.
