UN RECORTE QUE SE APARCA 'POR EL MOMENTO'

El Gobierno dice que no prevé bajar el sueldo a los funcionarios

Beteta subraya que la administración pública necesita «reformarse» y defiende reasignaciones de personal donde haya necesidad

El recorte de salarios a los funcionarios no está entre los planes del Gobierno.

Así lo ha dejado claro este 19 d ejunio de 2012 el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

De hecho, ha destacado que el Ejecutivo ha preferido la congelación de sueldos, o incrementar dos horas y media la jornada semanal, antes que recortar, como hizo Zapatero en el año 2010, con una bajada del 5 por ciento de media.

«Cualquier medida antes que la reducción de salarios».

Beteta ha defendido una reforma profunda de las administraciones públicas, que necesitan «reformarse y redimensionarse».

De hecho, ha destacado que desde 2001, mientras la administración general perdía 164.000 empleados públicos, en la administración autonómica aumentaban en 409.000 y en la local, otros 181.000.

Además, el secretario de Estado ha anunciado que se producirá una «reasignación» de efectivos, allá donde haga falta, según las necesidades de cada puesto.

Beteta ha puesto una nota positiva al destacar que las comunidades autonómicas van en la dirección correcta en el primer trimestre de 2012, para cumplir el objetivo de déficit público del 1,5 por ciento al final de este año. Eso sí, el plan para poner fin a los solapamientos y duplicidades de competencias está en marcha.

El objetivo es la estabilidad presupuestaria y no gasta lo que no se tiene. Beteta ha presumido sobre todo del plan de proveedores, del que se siente profundamente orgulloso por los resultados que ha tenido.

Respecto a las diputaciones provinciales, ha defendido su existencia porque prestarán los servicios obligatorios a los municipios con menos de 20.000 habitantes, lo que supone más del 90 por ciento del total.

El PSOE ha criticado la «brocha gorda» que, a su juicio, utiliza el Gobierno en la reforma de la administración, y ha rechazado la idea de que las administraciones estén «sobredimensionadas».

Lo que ocurre, en su opinión, es que prestan los servicios que los ciudadanos reclaman.

 

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