Los exministros ya no cobrarán sueldo durante dos años más si trabajan
Además de la reducción de la paga extra de Navidad de 2012 a los funcionarios, que se les compensará en su plan de pensiones en 2015, el Gobierno ha rebajado de seis a tres los días moscosos (de libre disposición) y ha suprimido los canosos (de libre disposición según antigüedad) y las vacaciones especiales por antigüedad.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, ha puntualizado que este baremo es «muy parecido» al que tienen los convenios laborales privados.
Montoro, que ha presentado la ley de reforma de la Administración local, ha explicado en que uno de los objetivos del Gobierno es equiparar la función pública con el sector privado.
Como aclara María Menéndez en la web de RTVE, también hay una rebaja de la retribución durante la incapacidad temporal.
Esta medida, que tendrá una «vigencia temporal mientras duren las actuales circunstancias», supondrá, en el caso de contingencias comunes, que durante los tres primeros días, la prestación reconocida o el complemento alcanzará como máximo el 50% de las retribuciones (hasta ahora el 100%) y desde el día cuarto hasta el vigésimo, del 75% como máximo.
Hay otras medidas como la reducción del número de comités de empresa y juntas de personal y la integración en una sola unidad de todo el personal laboral en el exterior.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que entiende la protestas de los funcionarios porque «se les exige un sacrificio que se añade a otros que se les había pedido en 2010».
Ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el esfuerzo que el Ejecutivo les está pidiendo debe ser «reconocido y solidario».
«Los tres ministros aquí sentados (Cristobal Montoro, Luis de Guindos y ella misma) somos funcionarios y sabemos del trabajo que se realiza».
«Los funcionarios trabajan, trabajan bien y ahora tendrán que trabajar algún día más».
También Cristobal Montoro ha reconocido el valor del trabajo de los empleados públicos:
«Sin la función pública no seríamos lo que somos. Ahora les pedimos un esfuerzo».
«Comprendemos que son medidas difíciles de afrontar»
Ambos han alabado a los empleados públicos después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes la ley de reforma de la Administración local con la que el Gobierno prevé un ahorro de 3.500 millones de euros y que está provocando desde el miércoles protestas de los funcionarios que consideran un «atraco» estas medidas.
«Respetamos el derecho a la manifestación. Podemos comprender que son medidas difíciles y que a los ciudadanos les resulta difícil afrontar», ha señalado Sáenz de Santamaría.
Es es una de las 20 leyes que se aprobarán de aquí a final de año para reformar la administración pública, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno.
Tal y como anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado miércoles la reforma de la administración local permitirá también suprimir el 30% de los concejales, potenciar las diputaciones provinciales y eliminar las mancomunidades.
Los exministros no tendrán sueldo público si trabajan
La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado también que se pone fín a las cesantías de los exministros y exsecretarios de Estado, de tal forma que no cobrarán un sueldo público durante los dos años posteriores a dejar el cargo si se incorporan a la empresa privada.
Sáenz de Santamaría también ha recordado la eliminación de ministerios, altos cargos y asesores y el proceso de supresión, fusión y privatización de empresas y organismos públicos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha considerado que la reforma competencial que emprende el Gobierno con la aprobación del proyecto ley que modifica la ley de Bases de Régimen Local está «encaminada a simplificar y reducir las estructuras burocráticas y políticas de España».
Montoro ha defendido que el proyecto recoja la supresión de las mancomunidades -«porque no contribuían a una eficaz gestión- y de entidades locales de orden menor, como las pedanías.
Sobre estas últimas ha dicho que forman parte de «una administración local opaca, que no rinde cuentas» y, por ello, ha dicho «hay que simplificar y calibrar las actividades que están realizando».
Montoro ha querido explicar que el proyecto de ley pretende, en definitiva, que las corporaciones locales «acometan las funciones para las que tienen presupuesto y dotación presupuestaria» y, por contra, no hagan aquello «que exceda la definición competencial de la nueva ley».
Las diputaciones gestionarán los servicios de municipios pequeños si no cumplen la calidad
También ha apuntado que «la baremación de los servicios públicos queda en manos de Hacienda» y se vigilará concretamente a los municipios con menos de 20.000 habitantes, que si no cumplen la calidad de los servicios, estos quedarán en manos de las diputaciones.
Se recupera así la figura del interventor y la del secretario municipal, lo que supone «una vuelta a lo que ya tuvimos en España y nunca debimos perder».
«Se trata de una reforma de competencias para hacer válido y real el principio que anunció el Gobierno en el discurso de investidura: Una administración, una competencia».
El Gobierno aprueba la reforma de Dependencia
Por otra parte, la reforma de la ley de dependencia, aprobada por el Consejo de Ministros, fomentará los cuidados profesionales de los dependientes sobre los familiares, a los que bajará un 15% la paga.
La reforma, según el Ejecutivo, generará puestos de trabajo y servirá para proteger a los grandes dependientes.
A su vez, con la norma a la que ha dado luz verde el Consejo, desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo.
Según el Ministerio, la reforma establece la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de Dependencia.
Por otro lado, se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar, mientras que los que ya cotizan, «no saldrán de la seguridad social en tanto en cuanto no se determine el nuevo régimen«, según el Ministerio de Sanidad.
El Consejo de Ministros ha decidido recurrir en el Tribunal Constitucional el decreto del País Vasco que impide la aplicación del nuevo «copago» farmacéutico en esa comunidad, tras conocer el dictamen del Consejo de Estado que entiende que la norma autonómica «contraviene» la básica del Estado.
LOS 15 PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA
- Se modificará la Ley Orgánica del Régimen Electoral para reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasarán de los 68.578 actuales a 47.240, es decir 21.338 menos, un 31,1 % de reducción. En los municipios más grandes habrá un límite máximo de 35 concejales.
- La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que así se llama el anteproyecto aprobado, clarificará las competencias municipales y eliminará las «competencias impropias», para ahorrar al menos 3.500 millones de euros. La filosofía será «una administración, una competencia». Se establecerán «con precisión» las competencias municipales, diferenciándolas «con claridad» de las estatales y autonómicas.
- Las de educación y sanidad que hasta ahora prestan los ayuntamientos pasarán a las comunidades autónomas.
- No desaparecerá ningún municipio, si bien se fomentará la agrupación de servicios para «lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala».
- Se suprimirán las 3.725 entidades locales menores (pedanías, parroquias, concejos,….) existentes, que serán absorbidas por los ayuntamientos de los que dependan.
- Se eliminarán las mancomunidades, dado que su «sostenibilidad financiera no está asegurada». Sus competencias las ejercerán unas diputaciones provinciales reforzadas. Dicha desaparición conllevará un ahorro de más de 700 millones de euros.
- Además de las diputaciones, saldrán reforzados los consejos insulares, cabildos y comarcas, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios con menos de 20.000 habitantes.
- La absorción de servicios públicos obligatorios por las diputaciones en municipios inferiores a 5.000 habitantes ahorrará 2.248,2 millones de euros, que llegarían a los 3.500 cuando se absorban competencias de municipios de hasta 20.000 habitantes.
- Fortalecimiento de la figura del interventor municipal, que pasará a depender funcionalmente de la Administración General del Estado, para que tengan una mayor independencia y objetividad. Su misión será garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario de los ayuntamientos.
- Ningún alcalde ni presidente de Diputación cobrará más que un ministro (68.981, 88 euros). Las retribuciones de la corporación municipal no podrán suponer más del 0,6 % del total de gastos del presupuesto municipal. A partir de la próxima Ley de Presupuestos, anualmente se fijarán en ellos los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio. Existirá la obligación de hacer públicas dichas retribuciones.
- La nueva Ley obligará a las entidades locales a someterse a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para evitar que gasten más de lo que ingresan.
- Se distinguirá entre servicios obligatorios y facultativos. Los municipios tendrán la garantía de una cobertura financiera suficiente para sus servicios obligatorios y, por encima de un nivel estándar de prestación de servicios, su financiación no podrá ser reclamada a otra administración. Sólo cuando estén garantizados financieramente los servicios obligatorios se podrán prestar servicios facultativos.
- Se redimensionará el Sector Público Local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, para racionalizar su número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes.
- Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de esas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.
- La nueva Ley limitará el número de asesores de las entidades locales, y el personal eventual no podrá superar el número de concejales.
