El agujero está en los llamados 'empleados públicos', metidos a dedo por los políticos
Se sienten los ‘paganos‘ de la crisis y tan como pintan las cosas, van a seguir considerándose los grandes perjudicados por el ajuste.
La realidad es que los funcionarios españoles, lo tienen crudo. El Gobierno prorrogará la congelación de la oferta de empleo público -no se repondrán las plazas de las personas que se jubilen- durante los años 2013 y 2014, según el plan presupuestario enviado a la Comisión Europea enviado para cumplir con el déficit público.
En el plan se recoge que el ajuste para la función pública será mayor del calculado inicialmente. El pasado 13 de julio de 2012, el Ejecutivo cifró en 9.220 millones de euros el ahorro en esta partida hasta 2014.
Y se estimó que el recorte tendrá un mayor peso en 2012, con los 5.430 millones que se obtendrán al eliminar la paga extra de Navidad de los trabajadores públicos.
Sin embargo, en el plan aprobado el viernes 3 de agosto de 2012 en el Consejo de Ministros, que Mariano Rajoy no mencionó en su comparecencia, el recorte asciende a 14.520 millones hasta 2014, es decir, 5.300 millones más de lo previsto hace tan sólo tres semanas.
El grueso de ese recorte recaerá en la congelación de la oferta del empleo público. Con ello se ahorrarán 1.800 millones de euros en 2013 y de 3.500 millones en 2014.
Aunque no se prevén más recortes en la ‘masa salarial‘, según fuentes de Hacienda, otras medidas adicionales para los trabajadores públicos, ya anunciadas, serán:
«La supresión de tres días de libre disposición de empleados públicos, la reducción de créditos y permisos sindicales y la modificación del régimen retributivo del personal al servicio de las Administraciones durante la situación de incapacidad temporal».
¿SOBRAN 900.000 EMPLEADOS PÚBLICOS?
El problema no son los funcionarios. No se trata de esos esforzados policías, maestros, enfermeros, jueces o bomberos, que ganan de promedio unos 22.000 euros anuales.
El agujero está en los llamados ‘empleados públicos’, metidos a dedo por los políticos y que desde sus puestos de asesores, gestores, expertos y directores varios se forran a cuenta del sufrido contribuyente.
Como explican Javier Alfonso, Carmen Larrakoetxea, Pepa Montero, Carlos Pizá y Jordi Sacristán en ‘El Economista’, hay números que nadie quiere hacer:
«Pero que vienen impuestos por la crisis y el desorbitado peso de una Administración pública que el año pasado gastó casi 123.000 millones de euros en pagar las nóminas a sus 2,7 millones de asalariados».
Por eso, en el Gobierno ya andan echando las cuentas de los empleados públicos que sobran y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a exigir a las autonomías que le remitan información sobre retribuciones, plantillas y tipos de personal.
Y es que, aunque nadie asegura una cifra exacta, distintas fuentes apuntan a que habría hasta 900.000 empleos públicos redundantes, fundamentalmente en las comunidades autónomas y entidades locales, con su corolario de empresas y chiringuitos creados en la época de vacas gordas, y también en plena crisis.
Como recuerda el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, «del total de empleados públicos que hay en España, sólo la mitad son funcionarios, y esos no sobran. Los que sobran son la otra mitad, el personal contratado en los incontables entes y fundaciones».
LO QUE COBRAN REALMENTE LOS FUNCIONARIOS ESPAÑOLES
El Estatuto Básico del Empleado Público distingue fundamentalmente entre tres clases de empleados públicos:
- funcionarios de carrera, que mantienen una relación estatutaria con la administración de carácter permanente y regulada por el Derecho Administrativo
- funcionarios interinos, cuya contratación se debe a «razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia» -algo que no siempre es así- para realizar labores de funcionarios de carrera
- personal laboral, cuyas condiciones de trabajo se regulan por convenios colectivo entre los trabajadores y la propia administración
Respecto a los primeros, su sueldo es fijado por los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el del 80% del personal laboral quedó acordado en el III Convenio Colectivo Único, firmado en 2009 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año.
Los funcionarios se dividen a efectos profesionales en cinco grupos:
- A1 y A2 (para acceder se requiere ser licenciado o graduado universitario)
- B (técnicos superiores)
- C1 (se necesita tener el título de bachiller o técnico)
- C2 (basta con la Educación Secundaria Obligatoria).
Un integrante del primer grupo cobra 1.109,5 euros al mes, a lo que se ha de sumar 42,65 euros por cada trienio que acumule sirviendo a la administración; mientras que un funcionario de nivel A2 ingresa 958,98 como sueldo base, más 34,75 euros por trienio.
Por su parte, un funcionario de nivel B recibe 838,27, más 30,52 por trienio; y los de las escalas más básicas, C1 y C2, 720,02 euros los primeros (más 26,31 por trienio) y 599,25 (17,9 extra por cada tres años trabajados) los segundos.
Mención aparte merece la clase E, integrada por antiguos subalternos y ordenanzas, y destinada a la extinción, cuyos miembros reciben 548,74 euros al mes, a lo que se suma 13,47 euros por trienio.
Y todo ello debe sumarse las pagas extraordinarias (la paga, en singular, este año), que también recoge el BOE: 684,36 euros para los funcionarios del grupo A1, más 26,31 por trienio; 699,38 euros para los miembros del A2 (sumando 25,35 por trienio); 724,50 euros para los que forman el grupo B (26,38 euros extra por cada tres años trabajados); 622,30 euros para los funcionarios del C1 (22,73 euros por trienio) y 593,79 para los del C2, que suman17,73 euros más por cada trienio.
Tres complementos
Además de estas cifras, se suma a la nómina de los empleados públicos al menos otros tres complementos.
El primero de ellos es el de destino, que se establece mediante un baremo que abarca treinta niveles y cuya cuantía oscila entre los 968,75 euros mensuales que recibe el funcionario del nivel más alto, hasta los 91,75 que ingresa el de nivel 1.
Además, los funcionarios ingresan un complemento específico, que varía dependiendo del puesto que se desempeñe, y cuya cuantía anual no se ha incrementado este año; y un complemento de productividad, que prima el rendimiento, el interés y la iniciativa.
Por su parte, el personal laboral se subdivide en cinco categorías, cuyo salario mensual -descontando pagas extras- va desde los poco más de 2.000 euros de un integrante del Grupo 1 hasta los 1.000 de un miembro del Grupo 5, a los que se suman los complementos de puesto, de nocturnidad, de turnicidad, de disponibilidad horaria, de jornada partida, de prolongación horaria y de obra.
El Gobierno, a la hora de calcular el umbral bajo el cual los empleados públicos recibirán la paga extraordinaria de Navidad (924 euros mensuales) tendrá en cuenta el sueldo base, los trienios y los complementos de destino y específico, pero no el de productividad.
¿Cuántos recibirán la extraordinaria?
Precisamente debido a la variación de las cuantías de los complementos percibidos en función del puesto, no resulta fácil cuantificar cuántos funcionarios recibirán la extraordinaria.
Según afirmó el ministro Montoro, la cifra oscilará entre los 10.000 y los 15.000 empleados públicos, de un total de 2.690.099. De este modo, según la estimación más optimista, la medida afectará a apenas un 0,55% del total.
Sin embargo, según aclara el presidente del sector de Administración General del Estado del sindicato CSIF, Francisco Camarillo esta cifra podría mucho menor «ya que el sueldo del colectivo que menos cobra, el personal laboral del Grupo 5, es cincuenta euros superior a la línea de corte que propone el gobierno».
Por ello, Camarillo, cuyo sindicato estima que apenas serán quinientos los empleados que finalmente cobren la extraordinaria, no encuentra sentido a las cifras que maneja Hacienda.
El sindicato cree que la medida «únicamente afectará a contratos muy raros, y ni siquiera a los funcionarios del Grupo E, ya que tienen mucha antigüedad y por ello cobran muchos trienios», algo que le lleva a considerar que el único objetivo de la medida es intentar aplacar la «mala conciencia» del Gobierno.
Algunos ejemplos (antes de impuestos)
- 1-Un profesor de instituto andaluz con un trienio (Subgrupo A1)
-Sueldo base: 1.109,05 euros
-Complemento de destino: 582,92 euros
-Complemento específico: 564,24 euros
-Trienios: 42,65 euros
Total: 2.298,86 euros - 2- Un médico de familia de Madrid sin trienios (Subgrupo A1)
-Sueldo base: 1.109,05 euros
-Complemento de destino (nivel 20): 439,70 euros
-Complemento específico: 377,41 euros
-Trienios: 0 euros
-Complemento de atención continuada: 34,71 euros
Total: 1.960,17 euros
(Nota: a parte debe sumarse el complemento de productividad, resultado de multiplicar el número de tarjetas sanitarias que tiene asignadas por una cantidad adjudicada a cada paciente que varía, entre otros factores, según su edad. La cantidad va desde los 0,231516 euros hasta los 0,745708 euros por tarjeta sanitaria). - 3- Un policía nacional con un trienio (Subgrupo C1)
-Sueldo base: 720,02 euros
-Complemento de destino (nivel 20): 372,33 euros
-Complemento específico: 451,92 euros
-Complemento específico singular: 219,45 euros
-Trienios: 26,31 euros
-Productividad (estimación): 29,21 euros
Total: 1819,24 euros
