Aprovechando la impopularidad de las medidas adoptadas por el Gobierno para reconducir las cuentas del Estado, UGT y CCOO exigen al Ejecutivo que convoque un referéndum popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los ajustes y reformas
Los sindicatos van a por todas. Aprovechando la impopularidad de las medidas adoptadas por el Gobierno para reconducir las cuentas del Estado, UGT y CCOO exigen al Ejecutivo que convoque un referéndum popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los ajustes y reformas.
Como explica Paula Hidalgo en ‘El Economista’, el resultado sería el arma empleada por las centrales para deslegitimar al Ejecutivo.
Y si el Gobierno de Mariano Rajoy se niega -tal y como parece- a convocar la consulta, serán las propias centrales sindicales las que, ellas mismas, según han advertido, se ocuparán de realizar una consulta popular, entre las más de 150 organizaciones sociales que forman parte de la denominada «Cumbre Social».
Un colectivo en el que se integran asociaciones tan variopintas como la Asociación de Futbolistas Españoles, técnicos de Hacienda, Mujeres Divorciadas, Jueces para la Democracia, colectivos de actores y sindicatos de todo tipo…
El resultado, previsible, de tan particular «referéndum» se utilizaría luego como argumento para convocar una huelga general, la segunda desde que Mariano Rajoy se instaló en la Moncloa y la tercera desde que comenzó la crisis.
Los sindicatos consideran que los recortes aprobados -los más estrictos en la historia de la democracia española (bajada de la prestación por desempleo, eliminación de la paga extra de Navidad a los funcionario, alzas impositivas, fin de la deducción por compra de vivienda habitual, etc.)- no estaban incluidos en el programa del PP.
El silencio de Rajoy
Las políticas del Gobierno son, según manifestó el secretario general de UGT, «un suicidio en términos económicos y sociales». Así, en rechazo a las mismas esperan que un millón de personas acuda a la marcha del 15 de septiembre.
Una concentración que Méndez considera que es una nueva solicitud al Ejecutivo para que convoque un referéndum.
Una reiteración, explicó Méndez, porque ya se lo plantearon a Rajoy en la reunión que mantuvieron CCOO y UGT la pasada semana a petición del presidente. Fuentes sindicales comentaron que la respuesta del jefe del Ejecutivo fue «escuchar y guardar silencio».
Como paso previo a la marcha que se celebrará a mediados de septiembre, cada viernes se han convocado concentraciones de media hora de duración en las sedes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las provincias españolas y enfrente del Ministerio de Hacienda en la capital.
Si Rajoy no claudica, será la Cumbre Social la que lleve adelante una consulta popular que, en caso de que demuestre que la ciudadanía no apoya las decisiones del Ejecutivo y éste no retrocediera o convocara elecciones, culminaría en otra huelga general.
El líder de UGT explicó que en su horizonte se encuentra un referéndum, algo que consideran un «riesgo democrático» que, dijo, debería asumir el Ejecutivo. Fuentes sindicales aseguraron que el Ejecutivo ya ha perdido la mayoría absoluta por la que ganó las elecciones, precisamente por las políticas realizadas desde entonces.
En cualquier caso, si bien ésta es la «trayectoria» que, por el momento se va a seguir, fuentes sindicales consultadas por este periódico reconocen que se podría modificar, en el caso de que el Gobierno adoptara políticas que «acentuaran las agresiones a los trabajadores y trabajadoras», avanzan.
Entevista infructuosa
La entrevista que mantuvo Rajoy con los líderes de UGT y CCOO no sirvió para llegar a un entendimiento entre las partes.
«La discrepancia entre los sindicatos y el Gobierno es prácticamente total» porque, entre otras cosas, los recortes «han ido más allá del límite», explicó Méndez en una reciente entrevista a Ep.
No obstante, durante el encuentro también hubo coincidencias, como en reclamar que el BCE apoye a los países periféricos mediante la compra de deuda.
Desde el principio, UGT y CCOO se han opuesto las políticas dirigidas a rebajar el déficit, que tanto la Casa Blanca como la Comisión Europea e incluso el FMI han aplaudido. De hecho, la pasada semana, la directora del FMI, Christine Lagarde, consideró que España ya ha tomado las medidas necesarias.
Para Méndez, el organismo «da una de cal y una de arena» para imponer los recortes, cuando el país, según él, lo que necesita es revertir la política de recortes y flexibilizar el objetivo del déficit, que debe bajar al 2,8 por ciento en 2014.
De la recesión a la depresión
Es por ello que desde las centrales de trabajadores se oponen a otro rescate a España, que, para ellas,supondría utilizar a la población española como «muro de contención a la especulación financiera en Europa y en el mundo», y que supondría un paso de la «recesión a la depresión», advierte Méndez.
«Sabemos que rescate no es una palabra inocua, siempre hay consecuencias y si se van a incorporar condiciones es abocar de la recesión a la depresión», alertó el sindicalista.
En cualquier caso, los sindicatos saben en qué contexto se están moviendo.
Según el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de julio, el pesimismo sobre la economía ha retrocedido a niveles de 2008 y un 40,5 por ciento de los encuestados considera que la situación se agravará en el próximo año.
A nivel político, la situación no es mejor. El 22,3 por ciento de los ciudadanos españoles reconoce que de celebrarse ahora elecciones no votaría.
De hecho, el PP ha perdido ocho puntos en intención de votos desde las últimas elecciones, celebradas el pasado noviembre. Aunque el PSOE no ha sido capaz de ocupar ese hueco, ya que sólo avanza un punto.
La encuesta se realizó cuando todavía no se había anunciado el último paquete de medidas del Ejecutivo, por valor de 65.000 millones.
La marcha, la consulta popular, y la previsible huelga general quedan enmarcadas en un contexto perfecto para que los sindicatos, aprovechando el malestar de la hastiada población española, consiga recabar apoyos en contra de un Gobierno que, para las centrales sindicales, «se sitúa del lado de los empresarios».
