A la espera de concreciones, ningún grupo apoya los planteamientos del Gobierno porque consideran que es innecesario hacer una nueva reforma
El Gobierno quiere endurecer la jubilación parcial porque es muy costosa para la Seguridad Social y, para desincentivar su uso, ha planteado una reforma que incluye penalizaciones similares a las que se ya aplican para la jubilación anticipada, que suponen una reducción de la pensión.
Este es uno de los cambios legales que quiere llevar a cabo el Ejecutivo para acercar progresivamente la edad real de jubilación a la edad legal y que está tratando con los grupos parlamentarios en la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo.
Los coeficientes reductores son un porcentaje de rebaja que se aplica a la pensión de jubilación por cada año que se adelante la edad de la misma y que, según la norma actual, se aplica sólo en los casos de jubilaciones anticipadas.
El 1 de enero de 2013 entró en vigor la reforma de las pensiones aprobada en 2011 por el gobierno socialista entre cuyas principales novedades están el retraso de la edad de jubilación a los 67 años o el incremento de 35 a 37 años de la cotización necesaria para cobrar el 100 % de la pensión.
No obstante, el 28 de diciembre 2012, días antes de que fuera efectiva esta norma, el Gobierno decidió suspender por tres meses los artículos relativos a la jubilación anticipada y parcial, para negociar algunos cambios en el Pacto de Toledo.
La comisión parlamentaria ha tenido varias reuniones informales para hablar de los dos tipos de jubilación y también de cómo compatibilizar la pensión con un salario.
En principio, y a la espera de concreciones, ningún grupo apoya los planteamientos del Gobierno porque consideran que es innecesario hacer una nueva reforma cuando se desconocen los resultados de la anterior.
La portavoz del grupo popular, Carolina España, ha señalado que aunque ya se ha planteado el aplicar coeficientes reductores para la jubilación parcial, «no está muy perfilado», y que el PP está intentando llegar a un consenso en la mayor parte de los temas.
La diputada socialista Isabel López i Chamosa ha recordado que costó mucho alcanzar un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, y que ahora, si el Gobierno pretende modificar algunos aspectos antes de que entren en vigor «sólo hay una forma de hacerlo»: convocando también a sindicatos y patronal.
Tampoco CiU ve necesidad de otra reforma, porque considera que la actual situación del mercado laboral es especialmente dura para los parados de larga duración y castiga más a los trabajadores de más edad, ha explicado el diputado Carles Campuzano.
El diputado de la Izquierda Plural Juan Coscubiela ve «absolutamente innecesaria» otra reforma que, en su opinión, obedece a una «obsesión de reformar por reformar» o para «cumplir con los compromisos de la troika» y porque endurecer el acceso a la jubilación anticipada forzosa supone un duro golpe para los mayores de 55 años.
También el portavoz de Amaiur, Sabino Cuadra, se ha mostrado «radicalmente» en contra de la reforma porque supone una «agresión sin fundamentos» hacia los jubilados desde el punto de vista social.
En su comparecencia ante el Pacto de Toledo, el 8 de noviembre 2012, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, propuso aumentar un 50 % la jornada de los jubilados a tiempo parcial y subir a 33 (desde los 30 actuales) los años de cotización para poder acceder a esta modalidad de jubilación.
De salir adelante esta propuesta, el jubilado parcial tendría que hacer una jornada laboral del 37,5% como mínimo, en lugar del 25% establecido en la actualidad.
Respecto a las jubilaciones anticipadas, Burgos dijo que habría que elevarlas en coherencia con el resto, de manera que si la edad legal de jubilación es de 67 años sólo se pudiera anticipar a los 65 años.
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