Deberá tenerse en cuenta la esperanza de vida y la evolución demográfica
El Gobierno Rajoy ha creado un grupo de expertos para que le ayude a definir la gran reforma de pensiones que se avecina: la creación del factor de sostenibilidad. Pero más allá de lo que digan esta docena de sabios, el Ejecutivo tiene claros varios conceptos.
Primero pretende que afecte a todos los jubilados, presentes y futuros; segundo, sabe los cambios que quiere y su dirección: aumentar la edad de jubilación -plantea la posiblidad de que vaya más allá de los 67 años después de 2027-, desligar la marcha de las pensiones del IPC y exigir más tiempo cotizado para cobrar la totalidad de la pensión.
Pocas opciones más caben cuando se habla de crear una fórmula automática que ajuste los parámetros básicos de un sistema de pensiones, el llamado factor de sostenibilidad.
Tal vez una, subir los ingresos, es decir, más cotizaciones. Pero el mismo documento de la Seguridad Social que apunta las líneas a seguir descarta esta última.
El grupo de 12 expertos se reunió por primera vez el pasado miércoles. Dos días después sus componentes recibieron una memoria, de 51 páginas, titulada Informe sobre el factor de sostenibilidad, en el que la Seguridad Social señala la dirección partiendo de lo que han hecho otros países de la Unión Europea.
El informe no plantea un catálogo de reforma cerrado. Pone sobre la mesa los parámetros a modificar y señala diversas opciones para cada caso. Pero sí deja un punto muy claro: quiere que esta vez la reforma afecte a pensionistas presentes y futuros.
«El factor de sostenibilidad debería afectar a las pensiones iniciales y a las existentes», apunta en la página 14.
Esta frase no es baladí. Si la reforma afectara solo a los jubilados futuros, el ahorro que procediera de ella se notaría muy poco al comienzo. En cambio, si ya lo notan los jubilados actuales aumenta su potencial de ahorro desde el principio.En la misma oración, el documento matiza:
«Las modificaciones aprobadas hasta la fecha en la UE inciden de manera más específica sobre las pensiones iniciales».
Pero no cierra el párrafo sin dejar claro incluso por donde puede afectar la reforma a los pensionistas actuales:
«Existen mecanismos de modificación de los sistemas de indexación».
Es decir, que el Gobierno quiere acabar con la relación directa que hay entre la marcha del IPC y la actualización anual de las pensiones.
«La revalorización de pensiones supone un coste muy importante para los sistemas de Seguridad Social», continúa el documento.
Para demostrarlo, pone cifras: de los casi 100.000 millones de euros que se gastaron en pensiones contributivas en 2011, 26.860 procedían de las revalorizaciones anuales.
¿Y qué propone el Ejecutivo para aliviar la carga? Apunta dos posibilidades. La primera toma como ejemplo lo que sucede en Alemania, donde además de los precios se tiene en cuenta la relación entre cotizantes y pensiones.
La segunda plantea que se tenga en consideración la marcha del PIB, los ingresos y la ratio cotizantes/pensiones, lo que se traduce en «una posible propuesta» de usar una relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social.
En el ejercicio de simulación que hace el documento, se muestra que cualquiera de las dos fórmulas se hubiera traducido en los últimos años en incrementos menores que el IPC.
Cambiar el mecanismo de actualización anual atañe solo a un parámetro. Pero hay dos más que probablemente acabarán cambiándose con el factor de sostenibilidad.
Uno de ellos es la edad de jubilación, que el Ejecutivo plantea que vaya más allá de la edad legal de jubilación a los 67 años después de 2027, cuando acaba el periodo transitorio que ha comenzado este año y que irá elevando la edad de retiro paulatinamente de 65 años a 67.
Sería ya en 2028, cinco años antes de lo que contemplaba la reforma de pensiones de 2011. En ella se recogía la obligación de crear el factor de sostenibilidad en 2027, que actuaría por primera vez en 2032.
No es la única posibilidad que plantea este documento sobre cambios en la edad de jubilación. El Gobierno también abre la puerta a no mover los 67 años como edad legal, pero compensándolo con la opción de acabar con la excepción que permite retirarse a los 65 años cuando un trabajador acumula una carrera de cotización larga (38,5 años).
Por último, la Seguridad Social propone exigir más de 37 años para tener derecho a cobrar la pensión completa. De hecho, el informe hace referencia a que en Europa el listón suele estar en 40 años.
Todas estas propuestas acabarán se van a analizar por el comité de expertos, que elaborará su propio informe a finales de mayo. De ahí pasará al Congreso, donde el Gobierno puede sacar adelante sus propuestas asentado en su mayoría parlamentaria.
