Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, las mercantiles tampoco satisfacían el pago de las cuotas de seguros sociales de los empleados dados de alta
La Policía Nacional ha detenido en una operación desarrollada en Cataluña a 145 personas e imputado a otras 275 imputados por delitos de falsedad documental y fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo (SPEE), con una cuantía defraudada de 7.806.708 euros, según informan fuentes policiales en un comunicado.
Empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería habían sido creadas únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.
Entre los arrestados figuran administradores de las mercantiles ficticias y falsos empleados que habían pagado para ser contratados y así poder optar a las ayudas.
Durante la firma en Madrid de un convenio entre los ministerios de Interior y de Empleo para reforzar la lucha contra el fraude en derechos laborales y sociales de trabajadores y empresas, el titular de Interior, Jorge Fernández, ha asegurado que la operación «pone de manifiesto la importancia del convenio suscrito contra este tipo de insolidaridad».
19 EMPRESAS DETECTADAS
La investigación se inició tras detectarse 19 empresas inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social carentes de actividad laboral real y efectiva, y solicitó documentación a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Del análisis de la documentación analizada y de los datos obtenidos en diferentes registros públicos, la policía pudo determinar que la práctica totalidad de estas empresas dedicadas supuestamente a limpieza y jardinería se habían creado para defraudar a la Seguridad Social y el SPEE mediante la obtención irregular de prestaciones o subsidios.
Solamente dos de las mercantiles investigadas habían tenido actividad real, aunque también habían sido utilizadas por sus administradores ilícitamente para los mismos fines.
Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, las mercantiles tampoco satisfacían el pago de las cuotas de seguros sociales de los empleados dados de alta.
La policía solicitó al SPEE los expedientes por desempleo de los trabajadores que supuestamente habían simulado una relación contractual con las empresas investigadas, y la mayoría correspondían a extranjeros que también pretendían regularizar su situación en España.
La cantidad defraudada por la trama asciende a 7,8 millones de euros, de los que 4.821.246 de ellos por impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social, y 2.985.462 euros mediante subsidios percibidos ilícitamente del SPEE.
Por el momento no se ha podido cuantificar el montante total del fraude al SPEE, al estar pendiente de estudio una parte de los expedientes de desempleo y las certificaciones individualizadas de lo cobrado indebidamente.
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