El Gobierno deberá además acelerar la reforma de la administración pública
Nada es gratis, por lo que cuando Bruselas abre la mano con el déficit, también aprieta por el lado de las reformas.
En septiembre de 2013, la Comisión quiere una evaluación de la reforma laboral y la introducción de cambios si se demuestra que el problema del empleo en España sigue siendo la ley.
A finales de año, Bruselas quiere ver un sistema de pensiones sostenible a medio/largo plazo.
En marzo de 2014, el Ejecutivo comunitario ha exigido a Mariano Rajoy que presente una «revisión sistemática del sistema tributario» que incluya una subida del IVA de algunos productos que ahora tributan al tipo reducido (10%), y que a ojos de los técnicos comunitarios deberían hacerlo al 21%.
Esas son las tres grandes citas, a mayores del cumplimiento con los nuevos y más laxos objetivos de déficit, por las que Bruselas examinará al Gobierno, bajo pena de ir más allá en el procedimiento por desequilibrios económicos y bordear la multa.
El cumplimiento de los objetivos debe ser «riguroso y puntual», advirtió Olli Rehn, el titular comunitario de Economía.
PEn cuanto a la reforma de las pensiones, la Comisión pide «culminar al final de 2013 a más tardar la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones, estableciendo, entre otras cosas, que la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida».
En materia fiscal, Bruselas reclama una «revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014». En esta revisión debe explorarse la posibilidad de subir el IVA a algunos productos a los que se aplica el IVA reducido del 10% al 21%.
El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá además que «adoptar medidas adicionales respecto a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes».
España debe «considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa» y también «adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades». La Comisión reclama también intensificar la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.
REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Gobierno deberá además acelerar la reforma de la administración pública.
Bruselas espera que la reforma de la administración local se apruebe en los plazos previstos y que el plan de aumento de la eficiencia de toda la administración pública esté listo en octubre de 2013.
El proyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado tiene que aprobarse y aplicarse «urgentemente».
Bruselas espera que el Gobierno apruebe su anunciada ley de Desindexación «de modo que esté en vigor a principios de 2014 a más tardar» y que estudie «medidas adicionales de limitación de la aplicación de las cláusulas de indexación».
España deberá «aumentar la relación coste-eficacia del sector sanitario, manteniendo al mismo tiempo la accesibilidad de grupos vulnerables, por ejemplo reduciendo el gasto farmacéutico en los hospitales, potenciando la coordinación entre los diferentes tipos de asistencia sanitaria y mejorando los incentivos para un uso eficiente de los recursos».
POLÍTICAS ACTIVAS Y SERVICIOS DE EMPLEO
En el mercado de trabajo, la Comisión pide también «una reforma de las políticas activas» para mejorar sus resultados, así como «reforzar y modernizar» los servicios de empleo público y acelerar la colaboración público-privada en los servicios de colocación.
El Gobierno debe poner en marcha las medidas contra el paro juvenil previstas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y continuar mejorando la educación y la formación profesional, introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos al final de 2013, a más tardar.
El Ejecutivo comunitario pide finalmente aprobar y aplicar antes de fin de año la ley para liberalizar colegios y servicios profesionales.
En el mismo plazo deberá ponerse en marcha una «reforma estructural del sector de la electricidad» con el fin de acabar con el régimen de tarifa.
España debe también adoptar medidas para reducir el número de personas con riesgo de pobreza.
