Imaginen por un momento que, después de conocer la llamada a declarar del extesorero del PP Álvaro Lapuerta o la imputación del gerente del partido en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, una turba de populares se hubiera concentrado el viernes por la tarde a las puertas de la Audiencia Nacional para bramar contra el juez Pablo Ruz.
Ya saben, llamarle inquisidor, «feo», gritar «libertad» y ese tipo de cosas, ¿les suena?
El escándalo formado hubiese sido mayúsculo. ¿Cuánto tiempo habrían tardado el PSOE y compañía en pedir responsabilidades por tamaño ataque a la independencia de un juez?
La izquierda volvió a demostrar la semana pasada que tiene dos pieles.
La fina, la que le hace escandalizarse porque el Gobierno reforme el CGPJ y hablar de «asalto a un poder del Estado»; y la gruesa, la que le permite mirar para otro lado cuando un grupo de sindicalistas trata de amedrentar a la juez Mercedes Alaya a las puertas de los juzgados sevillanos por atreverse con la Cosa Nostra sindical andaluza.
Porque que yo sepa ni Rubalcaba ni Cayo Lara han censurado la actuación de esos escracheadores, «cercana al acoso a una autoridad judicial» y que revela «una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de Derecho», según lo definió el viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Aunque, ¿cómo hacerlo si los propios socialistas, con Elena Valenciano a la cabeza, han acusado a Alaya de querer reventar las costuras del PSOE-A, de estar conchabada con el PP y hasta de mantener una relación «muy estrecha» -palabras de Alfonso Guerra- con Juan Ignacio Zoido?
Así que lecciones de respeto a la independencia judicial, entre pocas y ninguna.
Comparto por completo las declaraciones del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, poniendo el acento sobre la manifestación a las puertas del juzgado de Alaya, para presionar a la juez, increpándola e insultándola, y juzgando lo ocurrido como «una de las escenas más tristes que últimamente ha visto nuestra sociedad». Lamentable, por supuesto.
El PP podía haber tenido la tentación de hablar de intento de voladura por parte de la Justicia cuando el caso de los trajes obligó a Francisco Camps a abandonar la Generalitat (que desde entonces no ha levantado cabeza) para acabar siendo absuelto.
O cuando se filtró la declaración judicial de María Dolores de Cospedal ante Ruz en pleno discurso suyo en el último debate sobre el estado de la región.
O cuando los datos de más de 260.000 militantes acabaron en manos de El País por obra y gracia de unos papeles traspapelados que nunca deberían haber llegado a las partes.
O ahora que los populares empiezan a temerse, tras hacer números, que terminada la instrucción de Ruz el juicio podría rondar las fechas de las elecciones autonómicas o incluso de las generales.
Pero no, ni el PP ha caído en esa tentación ni tampoco creo que veamos nunca a los populares liderando una campaña de acoso, derribo y descrédito contra Ruz, ni llamándole juez a sueldo del PSOE.
Hay que ver cómo se las gasta esta derecha fascista y absolutista ¿eh?
