Patronales y sindicatos se repartían los dineros firmando cursos ficticios

Cursos de Formación: El final de una corrupción sangrante, consentida y tolerada

Cursos de Formación: El final de una corrupción sangrante, consentida y tolerada
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«Dilapidar unos 2.000 millones de euros anuales para nada es algo que un país con casi seis millones de parados no se puede permitir».

Así arranca José María Triper, subrayando que era un escándalo a voces, su análisis este 8 de marzo de 2014 4 en ‘El Economista’.

 De esos que todo el mundo habla, pero que todos toleraban como un episodio más de esta picaresca nacional y al que nadie se atrevía a meter mano porque tocaba a estamentos protegidos y que hasta hace poco se consideraban intocables, no fuera a ser que nos montaran una huelga general o nos pusieran al estamento empresarial en contra.

Todos, al menos todos los que nos dedicamos a la vida pública, en una u otra forma, habíamos oído historias, en ocasiones contadas con alarde por los propios protagonistas, de cómo patronales y sindicatos (no todos, ni en todos los casos, es verdad) se repartían los dineros de la formación firmando cursos ficticios y repartiendo el beneficio con algún amigo que, como el famoso Aneri en Madrid, y tantos otros que se prestaban a este juego de corruptos.

Pero además de poner punto y final a esta lacra social, la reforma que se anuncia de la formación responde también a la necesidad de cambiar un modelo que, como reconocía el presidente Rajoy en el Debate del Estado de la Nación «no ha tenido los resultados que todos queremos».

Incluso las encuestas realizadas entre los trabajadores que han recibido formación muestran cómo una inmensa mayoría asegura que no ha servido para mejorar su desarrollo profesional.

Dilapidar unos 2.000 millones de euros anuales para nada es algo que un país con casi seis millones de parados no se puede permitir.

Por ello, la fórmula que está sobre la mesa de negociación para que sean las empresas quienes gestione directamente la formación va en la dirección correcta.

Son las empresas quienes dotan mayoritariamente con sus cotizaciones los fondos para formación y ellas son también las que mejor conocen las necesidades formativas de sus trabajadores para cubrir las necesidades y carencias de sus negocios y de sus proyectos.

Junto a ello es también sensato articular un sistema común para que aquéllas que no puedan o no quieran pagar su propia formación no estén desasistidas. Eso sí, siempre sometido a evaluación y bajo el principio de la libre competencia.

 

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