El Gobierno ha acordado con los sindicatos modificar el criterio en relación con el acceso a la jubilación anticipada, por lo que aquellas personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril de 2013 sin formar parte de un despido colectivo y manteniendo convenios individuales con la Seguridad Social podrán acogerse a la jubilación anticipada con 61 años. La decisión llega tras la enorme confusión generada al respecto por unos cambios administrativos de última hora.
Según ha informado el Secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, la Seguridad Social actuará de oficio y reconsiderará la posición de todas las personas a las que se les denegó o la pensión o una cuantía de la misma de acuerdo al antiguo criterio, unas 1.400.
Asimismo, ha asegurado que se adoptarán las decisiones para resolver con la mayor urgencia todas las solicitudes que están pendientes de resolución. Además, ha indicado que las estimaciones de la Seguridad Social indicaban que podría haber en torno a 30.000 afectados en cuatro años y ha asegurado que con esta decisión «no se produce un incremento de gastos o de costes». «Estamos ante la posibilidad de que unos ciudadanos puedan acceder a una jubilación», aseguró.
De no haberse tomado esta decisión cada año, unas 7.000 personas sin empleo, contando hasta 2018, no podrían haber accedido a su jubilación anticipada.
El origen de la polémica
Cambios administrativos de última hora y la falta de información han generado una gran confusión en las últimas semanas en torno a las recientes modificaciones sobre las normas de acceso a la jubilación anticipada.
El pasado 13 de junio, el departamento que dirige Fátima Báñez modificó el requisito por el que afecta a los parados con convenios especiales ordinarios con la Seguridad Social, ya que los somete a la última reforma de las pensiones, del año 2013, sobre las prejubilaciones. Un poco más tarde, el 1 de agosto, se incluyó a aquellos que, teniendo un convenio suscrito, estuvieran cobrando a la vez un subsidio por desempleo.
¿Qué es un convenio especial? Una fórmula mediante la cual aquellos despedidos en un ERE o de forma individual con necesidad de generar, mantener o ampliar el derecho a prestaciones de la Seguridad Social podían abonar sus cotizaciones hasta que cumplieran los requisitos para poder acceder a su pensión antes de tiempo.
Se trata de un recurso habitual cuando los trabajadores que ya solo cuentan con el subsidio de desempleo de mayores de 55 años, que cotiza por la base mínima, intentan completar sus carreras de cotización haciendo aportaciones para que la pensión final no se vea excesivamente afectada.
La excepción
En 2013, la normativa cambió y estableció diferencias según el origen del cese: si era a través de un despido colectivo, se permitía el retiro a los 61 años, y si era con un despido individual, se retrasaba a los 63 años.
Sin embargo, se incluyó una excepción, vigente hasta el 1 de enero de 2019, por la que eximía de este cambio a los despedidos antes del 1 de abril de 2013 si en ese tiempo no volvían a incorporarse a «alguno de los regímenes de la Seguridad Social».
¿Cuál es el problema entonces? Que con las modificaciones de este año, los parados supuestamente eximidos de la reforma de 2013 quedan, automáticamente, sometidos a su aplicación, porque ahora se considera el convenio especial ordinario -sí se excluyen otras modalidades de convenios especiales- como una nueva alta en «alguno de los regímenes de la Seguridad Social».
Como consecuencia, los afectados no podrían retirarse a los 61 años, sino a los 63 años. Y, durante este periodo, seguirían sin percibir ningún tipo de prestación al tiempo en el que debían seguir haciendo sus aportaciones a la Administración.
Desde Empleo aseguraron hace unas semanas a EP que no todos los despedidos de los 35.000 afectados tenían intención de prejubilarse a los 61 años y además, apuntan, en la mayoría de estos casos, se trata de altos directivos que salieron de grandes empresas y que cuentan con pensiones máximas. Por su parte, varios de lo afectados ya habían anunciado que emprenderían acciones legales, según recogía hace unos días el diario El País.