La cifra total de desempleados se sitúa en 4.526.804

El paro registrado aumenta en octubre en 79.154 personas, la cifra más baja desde 2010

El trabajo sumergido es el 11% del PIB español y supone 1,8 millones de empleos

El paro registrado aumenta en octubre en 79.154 personas, la cifra más baja desde 2010
Trabajo, empleo, paro, empresa y crisis. PD

a Seguridad Social ganó una media de 28.817 afiliados (+0,17%), lo que situó el total de ocupados en 16.690.520 afiliados

Desde hace cuatro décadas, no baja el parto en España en el mes de octubre y este octubre de 2014 tampoco lo ha hecho. Lo que si ha aumentado y es un buen síntoma, es la afilicación a la Seguridad Social.

El número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo aumentó en octubre en 79.154 personas, lo que supone el tercer mes consecutivo de subida, hasta alcanzar un total de 4.526.804 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A pesar de este aumento, el número total de parados mantiene un descenso en tasa interanual que en octubre se situó en 284.579 personas, lo que representa la mayor caída en este mes desde el año 1998. También se registró en octubre el mayor descenso del paro en tasa desestacionalizada desde hace 16 años, con una reducción de 19.393 personas.

Asimismo, el Ministerio destaca que esta subida del paro en octubre es inferior a la media de los últimos seis años, que se sitúa en un incremento respecto a septiembre de 118.000 desempleados.

En cuanto a la evolución de la contratación, en octubre se registraron 1.702.152 contratos, un 7,6% más que en el mismo mes de 2013. En concreto, Empleo destaca el aumento del 24,7% en la cifra de contratos indefinidos.

EL TRABAJO SUMERGIDO EN ESPAÑA

El trabajador sumergido en nuestro país obedece a un doble perfil: el de un desempleado y el de una persona joven que percibe al menos una parte de su salario en negro. En España 1,8 millones de personas forman parte de esa bolsa, identificada por los empresarios que conforman el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC).

El cálculo efectuado por el potente think tank empresarial que lidera el presidente de Telefónica, César Alierta, alude sólo a los españoles que cometen fraude laboral. En este grupo figurarían, por ejemplo, las personas inscritas como parados, pero que tienen un trabajo sin dar de alta en la Seguridad Social.

O los inmigrantes no documentados. El CEC estima que, en la actualidad, hay 720.000 personas desempleadas sólo en teoría, porque, en la práctica, trabajan a tiempo completo o parcial.

Representan el 39% del empleo sumergido total que hay en España. Los inmigrantes aportarían otro 15% al total: 277.000 estarían trabajando ajenos a los ojos de la Administración.

La cifra de empleados en la economía B, que estarían generando en torno al 11% del PIB, es una de las conclusiones más llamativas del sexto -y más amplio- informe elaborado por el CEC. Además de Alierta, detrás de estas siglas están, entre otros, Ana Patricia Botín (Santander), Pablo Isla (Inditex), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Francisco González (BBVA), Isidro Fainé (La Caixa) o Juan Roig (Mercadona). El documento, difundido ayer, se centra, más que en el diagnóstico de los problemas, en las propuestas que pueden dar un fuerte empujón a la economía. Y, sobre todo, al empleo. «Todos los problemas de este país son solucionables», dijo Alierta.

El presidente de Telefónica y sus 19 compañeros del CEC plantean una «transformación radical de la economía española que se basaría en la productividad, la educación y la competitividad».

Las mayores empresas de este país proponen medidas de choque en ocho campos, aunque las más contundentes y precisas se concentran en dos: el fraude laboral y el ajuste fiscal.

El primer aspecto debe combatirse, principalmente, incrementando «el número de efectivos». El CEC da un dato revelador: en España hay 40 inspectores laborales por cada millón de habitantes; una cantidad similar a la de otros países europeos, con la diferencia de que la tasa de empleo sumergido es muy superior en nuestro país.

Esta y otras recetas permitirían aflorar, como mínimo, 827.000 empleos de aquí a 2018; una cifra similar a la plantilla de la Administración Pública.

Por otro lado, el CEC plantea un ajuste fiscal de unos 30.000 millones de euros, que «debería hacerse de tal manera que fuera lo menos penalizador posible para el crecimiento». La forma de lograrlo es aplicarlo «en mayor medida» a través de «recortes en el gasto frente a un incremento de ingresos».

El informe propone una «mayor racionalización y eficiencia del personal de las Administraciones Públicas», que se traduciría en un ahorro de 5.000 millones de euros. También una «reducción del stock de endeudamiento público, activando un plan de gestión activa de patrimonio y de privatizaciones que supusiera una caída de la deuda en, al menos, 35.000 millones».

La aplicación del conjunto de medidas detalladas en el informe en todos los campos de actuación propiciaría, según el CEC, la creación de 2,3 millones de empleos en cuatro años, que permitirían recortar la tasa de paro hasta el 14,2%.

El amplio abanico de reformas propuestas afecta a ámbitos tan distintos como la educación o las pymes. Respecto a estas últimas, el CEC apuesta por crear el marco regulatorio e institucional necesario para que puedan incrementar su tamañoy ganar músculo para competir fuera de nuestras fronteras.

En el ámbito educativo, incide en la necesidad de reforzar los vínculos entre los centros educativos y la empresa, y mejorar la cualificación, con el mismo objetivo: mejorar las condiciones para competir en el exterior.

 

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