La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) quiere que se legisle menos y se legisle mejor, por lo que ha reclamado que se limite la proliferación de normas y que las que se dicten, sean «claras» y «simples».
El objetivo es evitar distorsiones en el mercado y «elevadas» cargas administrativas que tienen un coste para las empresas, algunas veces «injustificado», según la patronal, que advierte de que todo esto afecta a la capacidad de crecimiento de la economía. En un informe titulado ‘Legislar menos, legislar mejor», difundido este lunes por la CEOE, la organizaciones empresarial denuncia que el entramado legislativo español «es de una densidad y complejidad muy altas» y señala que, pese a las mejoras introducidas en los últimos años como la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas o la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, «hay que seguir trabajando». Así, la patronal subraya que se debe reducir la complejidad del entramado legislativo limitando la proliferación de normas y garantizando una cierta estabilidad en el ordenamiento jurídico. En este sentido, pide que se promulguen «normas claras y simples y en un número reducido» para evitar interpretaciones posteriores, así como que se diseñe una programación, lo más cierta posible, sobre la promulgación de nuevas leyes. También reclama que la transposiciones de normativas europeas se realicen sin introducir requisitos o cargas adicionales, que se adopte un sistema de coordinación legislativa entre las administraciones públicas y que se evite la profusión y dispersión legislativa, porque ello «fragmenta» la unidad de mercado y afecta al normal desarrollo de la actividad económica. «Si queremos convertirnos en polo de competitividad en la economía globalizada hemos de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas y los ciudadanos», subraya. 706 NORMAS ESTATALES EN 2014. Para apoyar sus argumentos, la CEOE recoge en su informe una serie de datos obtenidos de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE). De acuerdo con ellos, en 2014 se aprobaron en España 706 normas estatales de distinto rango. Entre 1970 y 2014, las normas estatales aprobadas alcanzan las 40.046. Las 706 normas estatales aprobadas en 2014 representan un 2,6% más que las aprobadas en 2013 (688) y un 29,7% más que las de 2012 (544) y de ellas 232 fueron Reales Decretos, 36 Leyes, 17 Reales Decreto-Ley y 8 Leyes Orgánicas. La CEOE recuerda además que a todo esto hay que sumar la legislación que aprueban las comunidades autónomas, que en 2014 incrementaron las páginas de sus respectivos boletines oficiales un 1,6%, hasta sumar 813.256 páginas. Pese a que los modelos jurisdiccionales y competenciales son distintos al español, la patronal ofrece datos sobre lo que sucede en otros países. Así, en 2014 se adoptaron en Francia 1.752 normas estatales (59 leyes y 54 ordenanzas), mientras que en Italia se aprobaron 478 normas, en Reino Unido se promulgaron 3.138 (30 de ellas con carácter de ley) y Alemania se pusieron en marcha 431 normas, de las 99 eran leyes y 332 eran reglamentos. Además, argumenta la CEOE, el acervo comunitario de la UE, es decir, los derechos y obligaciones que vinculan al conjunto de Estados miembros, comprenden cerca de 2.500 instrumentos jurídicos. En la pasada legislatura (2009-2014), el Parlamento Europeo aprobó 1.071 textos legislativos. Asimismo, la organización empresarial recurre a datos de la OCDE para poner de manifiesto que las barreras a la iniciativa privada derivadas de la legislación son más altas en España que en Italia, Reino Unido, Alemania y Francia, donde la regulación es menos restrictiva.
