El Gobierno asegura no haber pagado nada por los 8 millones de cartas a futuros pensionistas no enviadas

El Gobierno asegura no haber pagado nada de los 1,3 millones de euros del contrato adjudicado a la empresa Unipost por enviar unos 8 millones de euros de cartas a trabajadores mayores de 50 años para informarles sobre las estimaciones de su futura pensión, contrato que no se llegó a ejecutar.

Así lo señala en respuesta al portavoz económico de UPyD en el Congreso, Alvaro Anchuelo, quien hace unas semanas preguntó por escrito por lo que había sucedido con esas cartas, cuyo envío debía producirse antes de que concluyera febrero pero que finalmente fue cancelado, y para saber también si «el Gobierno rompió el contrato con Unipost, incurriendo en un coste de 1,32 millones de euros para el erario público por una campaña que no llegó a realizar».

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que la ejecución del contrato se suspendió antes de su inicio, por lo que «no se ha abonado cantidad alguna a la citada empresa».

ANTES DEL 28 DE FEBRERO.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) incluyó en su informe de recomendaciones ampliar a los mayores de 50 años el derecho a recibir información sobre su expectativa de pensión de jubilación, fijando como fecha límite para enviar por correo ordinario esta documentación el 28 de febrero de 2015.

Para ello, se convocó un procedimiento advierto de adjudicación que se formalizó en noviembre de 2014 con la empresa Unipost, a la que se pagaría 1,32 millones de euros por imprimir y enviar más de 8 millones de cartas.

Sin embargo, para concretar el modo en que se debía informar a los trabajadores sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria era necesario que el Ministerio de Empleo desarrollara una norma reglamentaria, un proceso que no comenzó hasta el 7 de enero pasado, con posterioridad incluso a la adjudicación del contrato.

Por eso, y ante la imposibilidad de tener la norma lista a tiempo para dar cobertura legal al contrato, la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tuvo que acordar la suspensión del inicio de su ejecución.

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