(Ampl.) CC.OO. y UGT piden una prestación de ingresos mínimos para 1,8 millones de hogares

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para poner en marcha la ‘Prestación de Ingresos Mínimos’, con la pretenden dotar de protección a 1,8 millones de hogares en situación de carencia (2,1 millones de personas). El coste para el Estado sería de, al menos, 11.000 millones de euros anuales.

Se trata de una ayuda de 426 euros mensuales –80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem)–, más un complemento por cada uno de los familiares o menores a cargo, para demandantes de empleo inscritos en los registro desde al menos un año, con ingresos hasta 486 euros mensuales, el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluidas las pagas extraordinarias.

No se computan entre estos ingresos las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva, las pensiones alimenticias, las prestaciones derivadas de la atención a personas en situación de dependencia, las ayudas o prestaciones a favor de la infancia, las subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar gastos realizados ni las ayudas económicas o de otra naturaleza de emergencia social.

Además, los beneficiaros deben haber agotado o no disfrutado por no cumplir los requisitos exigidos toda prestación contributiva o no contributiva, renta activa de inserción y otras ayudas o las prestaciones económicas dentro de programas temporales de protección por desempleo.

En el supuesto de unidad económica familiar, el texto de la ILP dispone que se entenderá cumplido el requisito de carencia de recursos cuando la suma de la rentas o ingresos de todos sus integrantes no supere ese 75% del SMI.

Según ha indicado Toxo en declaraciones a los medios durante el registro de la ILP, «las actuales prestaciones no son suficientes en estos momentos para cubrir las necesidades sociales».

INDEFINIDA PERO SUJETA A ACCIONES DE INSERCION.

De ahí que la propuesta prevea el cobro de esta ayuda de forma indefinida mientras los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos para cobrarla y que lleve a aparejada una afiliación de oficio a la Seguridad Social de aquellos beneficiarios que no hubieran estado afiliados previamente.

Por su parte, Méndez ha señalado que en la ILP «aún no se ha especificado» cuál será el complemento a recibir por cada familiar o menor a cargo, y que «ésta será decisión del Parlamento».

Por otro lado, esta nueva prestación, que al ser no contributiva debería situarse en el nivel no contributivo y financiarse a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lleva aparejada la obligación de realizar las actuaciones de inserción laboral o mejora de la empleabilidad que exija la entidad gestora.

RESPALDO DE LA OPOSICION

A la presentación de la iniciativa, que ahora contará con nueve meses para recavar el medio millón de firmas necesarias para que sea admitida a trámite en el Congreso, también han asistido los representantes de algunos grupos parlamentarios.

Entre ellos, la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, quien ha apoyado firmemente esta iniciativa, similar a una que los socialistas registraron en septiembre para que todos los parados con responsabilidades familiares pudieran tener un subsidio por desempleo, y que fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

En este contexto, Rodríguez ha recordado que desde que el PP está al frente del Gobierno las prestaciones por desempleo han caído 20 puntos y la inversión por desempleo se ha reducido en más de 10.000 millones de euros.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Cayo Lara ha mostrado también su apoyo a esta iniciativa, y ha recordado que su grupo también ha planteado propuestas parlamentarias en este sentido, como por ejemplo la introducción de una renta mínima garantizada a través de una enmienda a la Ley de Segunda Oportunidad.

El portavoz adjunto del PP Rafael Merino ha aprovechado la ocasión para asegurar que su grupo estudiará la iniciativa, en línea con las negociaciones del pasado julio con las organizaciones sociales para crear una ayuda para parados de larga duración sin prestaciones que tengan cargas familiares.

En este sentido, ha añadido que el Gobierno continuará con su trabajo para el mantenimiento de la atención a los parados, «desde la posibilidades económicas».

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